La juez imputa al exalcalde del PP de Santiago por la financiación del partido
Aduanas detecta 17 ingresos en efectivo por 26.970 euros en la época en la que Conde Roa ganó las elecciones
La justicia no pierde de vista al exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa. Problemas con los tribunales le obligaron a dimitir en 2012, solo un año después de tomar el bastón de mando de la capital de Galicia, y cinco años después de dejar el cargo la juez Pilar de Lara lo ha citado como investigado por la presunta financiación ilegal del PP de Santiago. Un informe de Aduanas ha detectado 17 ingresos en efectivo en cuentas bancarias del partido por 26.970 euros durante los meses de mayo y junio de 2011, cuando se celebraron las elecciones que auparon al partido al gobierno local.
Además de a Conde Roa, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ha citado el próximo 20 de junio para declarar como investigado al exedil popular de Santiago Albino Vázquez Aldrey. El día 19 de junio comparecerán como testigos el que era secretario general del PP de Santiago en aquella época, Manuel Luis Silva Constenla, el entonces tesorero Francisco Javier Rodríguez Enríquez, la directora y un trabajador de la sucursal del Banco Santander donde se realizaron los ingresos investigados.
Las diligencias sobre la financiación del PP de Santiago fueron abiertas a a raíz de la instrucción de la Operación Pokémon. Un informe de Vigilancia Aduanera del pasado 10 de mayo de 2017 señala que, según lo manifestado por el entonces secretario general del PP compostelano, Silva Constenla, en las cuentas bancarias del PP de Santiago "no constan ingresos en concepto de donación". La documentación de Vigilancia Aduanera recoge que un trabajador del banco en el que se hicieron las aportación investigadas señaló al exconcejal Albino Vázquez Aldrey como la persona que "hizo ingresos" y añadió que “hubo otras personas que no conoce”.
La juez pretende que Conde Roa y Vázquez Aldrey aclaren por qué “se realizan varios ingresos en efectivo en el mismo día con operaciones sucesivas efectuadas casi en el mismo acto sin que conste la identificación física del ordenante". Aduanas sospecha que "podrían haberse fraccionado tales ingresos a fin de evitar el control y la identificación exigida por la normativa vigente en ese momento”.
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