El fiscal del ‘caso Palau’ rebaja a la mitad las penas para Millet y Montull

El fiscal Emilio Sánchez Ulled ha rebajado la pena de prisión solicitada para el expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet de 27 años y medio a 14 años y nueve meses por el expolio de la entidad musical, y también ha bajado la pena que pide para su mano derecha, Jordi Montull, de 27 años y medio a 10 años y 10 meses, mientras que ha elevado medio año la petición de pena para el extesorero de CDC Daniel Osàcar. El fiscal les aplica las atenuantes de confesión y reparación del daño. A Millet y Montull, además, les exige el pago de una multa de 22 millones.

La rebaja más significativa ha sido para Gemma Montull, que fue administradora financiera del Palau. La Fiscalía pedía inicialmente 25 años de cárcel para ella, pero ha dejado su petición ahora en los tres años: dos años por apropiación indebida y otros 12 meses por blanqueo, que el fiscal ha pedido que se sustituyan por el pago de una multa. También le impone el pago de una multa de 10 millones de euros.

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El Palau de la Música no acusará, definitivamente, a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por el expolio de la institución musical. Pese a las presiones políticas de las últimas horas, el Consorcio —el órgano del Palau en el que están representadas las administraciones públicas— ha mantenido este miércoles su escrito de acusación, en el que evita señalar a CDC. La Fiscalía, en cambio, acusa al partido de Artur Mas (hoy PDeCAT) como responsable a título lucrativo por haberse embolsado 6,6 millones de euros en comisiones de Ferrovial. 

El abogado del Consorcio se ha ajustado a las instrucciones que recibió el pasado viernes y que no han sido modificadas desde entonces. Ese día, la Generalitat impuso su mayoría en el organismo para rechazar (por tres votos frente a dos) la petición del Ayuntamiento de Barcelona de revisar la estrategia jurídica en el caso Palau y acusar a Convergència. Los representantes del Estado (otros dos) no se presentaron a la cita, lo que facilitó que la Generalitat impusiera su criterio. 

La decisión desató las críticas de Esquerra, socio del PDeCAT en el Gobierno de Junts pel Sí, que pidió una rectificación. El Ayuntamiento de Barcelona y la CUP pusieron también en marcha una estrategia para forzar la maquinaria judicial y lograr un cambio de criterio. El martes, víspera de la presentación de las conclusiones definitivas, la alcaldesa Ada Colau convocó una nueva reunión del Consorcio, que se celebrará el próximo 23 de mayo. Y pidió al Consorcio que, mientras tanto, ordenara al abogado pedir un aplazamiento. Esa demanda, sin embargo, no ha sido atendida. 

La CUP, por su parte, ha forzado esta mañana la votación de una resolución para exigir al Gobierno catalán que acuse a Convergència. El Parlamento ha debatido la propuesta al mismo tiempo que se ha celebrado la vista oral decisiva. 

Como nadie ha dado al abogado del Consorcio ninguna orden expresa, la vista se ha desarrollado como estaba prevista. El letrado ha elevado a definitivas las conclusiones de su escrito -solo ha modificado un par de errores “aritméticos”-, con lo que ya no podrán modificarse.