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El desalojo de la sucursal del Banco Expropiado pone en vilo a Gràcia

Los okupas anuncian que no se irán voluntariamente del nuevo local, a 50 metros de la antigua sede

Un cámara graba el nuevo local okupado.
Un cámara graba el nuevo local okupado.

El próximo 23 de mayo se cumple un año del desalojo del Banco Expropiado de Gràcia. Un desahucio que, durante semanas, convirtió las calles del barrio barcelonés en un campo de batalla entre okupas y Mossos d’Esquadra. Doce meses después, los activistas del Banco Expropiado llaman a la movilización a sus simpatizantes, porque han recibido una nueva orden de desahucio. En esta ocasión, les ordenan desalojar la sucursal del Banco Expropiado.

El pasado 17 de agosto los activistas anunciaron la okupación de un inmueble en el 173 de la travesera de Gràcia, a solo 50 metros de la antigua sede del Banco Expropiado. Los okupas accedieron al, segundo, local en plenas fiestas del barrio sabiendo que los Mossos no podían programar un desalojo exprés poniendo en peligro a los miles de personas que celebraban verbenas. Al propietario de la Sucursal no le quedó otra que confiar en el proceso judicial para intentar recuperar su inmueble.

Los activistas del Banco Expropiado nunca han nombrado un portavoz y rechazan cualquier tipo de relación con los medios de comunicación. Han publicado, en las redes sociales, un comunicado informando a sus simpatizantes de que se encuentran envueltos en un proceso judicial que les llevará, de nuevo, a otro desahucio. Aseguran que a finales de marzo recibieron una notificación del Juzgado de Primera Instancia número 32 de Barcelona, que les citaba a comparecer en un juicio de desahucio de la sucursal. Además, aseguran, el propietario del inmueble les exige 24.000 euros por los meses que han permanecido en el local, pide al juez que se le devuelva el inmueble y que se condene a los okupas a las costas del proceso.

Ningún miembro del Banco Expropiado compareció en los juzgados el día de la vista oral. Los activistas consideran que “la justicia no es un agente neutral en este conflicto. Como ya ha quedado demostrado en muchas ocasiones, la justicia obedece a los intereses de las clases dominantes”.

A finales de abril, el juez dictó sentencia: Obliga a los activistas a abandonar la sucursal, pagar las costas y, según informan los okupas, a no “inquietar o perturbar” a los propietarios cuando hayan  recuperado el local. Los activistas, quienes creen que el desalojo podría producirse a principios de junio, justifican su acción por "la necesidad del Banco Expropiado de tener un espacio físico donde desarrollar nuestra actividad política y, a la vez, utilizar esta okupación como herramienta para denunciar la especulación inmobiliaria”. Acto seguido, el comunicado lo deja claro: “Las diferentes formas que tenemos de responder a un desalojo sirven para visibilizar el conflicto que genera las desigualdades en las cuales se basa el sistema capitalista, Y es una forma de oponernos a la autoridad ejercida por el Estado y sus mecanismos, tanto judiciales como policiales”. Y añaden: “No abandonaremos el espacio y no nos iremos voluntariamente de la sucursal”.

En las próximas semanas, dicen, publicarán información sobre sus propietarios, como hicieron con el  dueño del Banco Expropiado, del que fueron desalojados el 23 de mayo de 2016, cinco años después de haber entrado sin permiso en ese antiguo local de Catalunya Caixa. El barrio se convirtió desde entonces y hasta el 7 de junio en una campo de batalla. Después, el silencio, que se rompió con la okupación de la sucursal en agosto.

El domingo 27 de noviembre varias personas reokuparon el Banco Expropiado. Cinco horas después fueron desalojados todos los activistas menos uno, que consiguió esconderse y permaneció allí, agazapado, casi 72 horas sin que los Mossos lo detectasen.