Antifraude logra la primera condena después de siete años

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) ha obtenido ahora, siete años después de su puesta en marcha, la primera sentencia firme de condena fruto de sus investigaciones. Así lo anunció el organismo, ayer, a través de un comunicado. La Audiencia de Barcelona ha confirmado la condena a Jordi Girona, exalcalde socialista de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès), a nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por un delito de prevaricación. La sentencia también condena a la secretaria municipal (cinco años y medio de inhabilitación) y a dos arquitectos de Estudi Hèlix SL, que entonces ejercían como arquitectos municipales.

La OAC comenzó su actividad a finales de 2009 para combatir la corrupción en las administraciones. El organismo ha sido puesto a menudo en cuestión, tanto por su elevada dotación presupuestaria como por los escasos resultados obtenidos con sus investigaciones. En estos años ha tenido hasta tres directores: el fiscal David Martínez Madero, que falleció; el magistrado Daniel de Alfonso, que fue destituido, y el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, que ocupa ahora el cargo. El paso de De Alfonso dañó severamente la imagen de la institución al descubrirse sus conversaciones con el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz. El magistrado y el exministro del PP maquinaron para impulsar investigaciones contra políticos independentistas en Cataluña.

El caso que ahora se ha saldado con sentencia firme comenzó a investigarse en 2010 gracias a la denuncia de un vecino de Santa Margarida. El hombre denunció ante la oficina la supuesta contratación irregular de la empresa Estudi Hèlix. Los hechos ocurrieron entre 2005 y 2009, relata Antifraude: el Ayuntamiento concedió hasta 38 contratos menores consecutivos a la empresa, lo que le permitió eludir el concurso público. La compañía percibió un total de 1,3 millones de euros. Un juzgado de Vilanova condenó a Girona hace siete meses y la Audiencia de Barcelona ha confirmado ahora la resolución.