Un juez exige levantar las medidas cautelares de la plaza de San Fernando

Nuevo capítulo en el culebrón de la plaza de España de San Fernando de Henares. El juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid ha solicitado dejar sin efecto las medidas cautelares que adoptó en enero el juzgado de Instrucción número 5 de Coslada. El auto paralizó la venta del espacio y de su subsuelo (un aparcamiento subterráneo para 606 coches) por 27,5 millones de euros a un fondo de inversión. La operación contaba con el visto del juzgado Mercantil desde octubre de 2016. Con ella se reparaba parte de las deudas contraídas por el Ayuntamiento, que perdió la titularidad de la plaza al auspiciar su remodelación. Desde 2015, con el cambio de gobierno municipal, mantiene una batalla por recuperarla porque considera que los bienes públicos son inembargables.

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El último auto solicita al juzgado de Coslada que deje sin efecto las medidas cautelares. Esgrime que dicho tribunal invade sus competencias “para liquidar, ejecutar y enajenar los bienes y derechos” de la sociedad concursada (Plaza de España S.L.). La empresa fue creada por el Ayuntamiento en 2008, entonces gobernado por IU, para reformar el entorno de una plaza construida en el siglo XVIII. Los vecinos aportaron sus viviendas y el Consistorio entregó la plaza como participación en la sociedad, un bien público con el que no está permitido comercializar. La gestión derivó en una quiebra que dejó a un centenar de propietarios sin sus viviendas y a la localidad sin su plaza. La resolución del juzgado Mercantil también indica que “si la aportación que realizó de esos bienes públicos resultara ineficaz, el Consistorio tendría que responder con el valor de dicha aportación”.

La alcaldesa de San Fernando, Catalina Rodríguez, de San Fernando Sí Puede (SFSP), afirma estar sorprendida porque, “a pesar de haber interpuesto una demanda alertando de que hay bienes públicos en un paquete de venta, se siga adelante”. En su opinión, la jurisdicción de lo penal tienen prevalencia sobre cualquier otra, por lo que deberían mantenerse las medidas cautelares. Y avanza: “El ministerio fiscal ha emitido un nuevo informe ratificando el anterior, en el que pedía esas medidas cautelares. Ahora tendrá que decidir el juzgado número 5 de Coslada”. Para Rodríguez, que este cambiara su resolución sería “sorprendente”. “Es como si vendieran la Cibeles”, subraya.

Conflicto de competencias

“Hay un conflicto de competencias entre juzgados. El nuevo auto es negativo para San Fernando, aunque la alcaldesa no nos ha informado aún de él”, explica Javier Corpa, portavoz del PSOE. En su opinión, se trata de un proceso complejo que terminará “en la Audiencia Provincial porque ningún juzgado va a dar su brazo a torcer”. Corpa critica al equipo de Gobierno: “En dos años de legislatura llevamos cuatro abogados al frente del problema”. Y añade: “El equipo de Gobierno no tiene ninguna estrategia para defender los intereses municipales”.

El problema de la titularidad de la plaza de San Fernando comienza cuando el Ayuntamiento decide reformarla en 2008. Como no tenía fondos suficientes, creó una empresa con un 51% de capital privado y un 49% público. Los vecinos que habitaban entorno al conjunto histórico aportaron a la mercantil sus inmuebles y negocios, que les serían devueltos al finalizar las obras, algo que no ha sucedido. El Ayuntamiento aportó como capital la plaza, que se valoró en nueve millones. El registrador de la propiedad inscribió dicho cambio de titularidad a favor de la sociedad limitada a pesar de que se trataba de un bien público. Pero la empresa entró en concurso de acreedores y constructoras y bancos comenzaron a reclamar lo adeudado: 94 millones de euros.

Como el Ayuntamiento no podía pagar, el juzgado mercantil aceptó la oferta del fondo de inversión para intentar sufragar las deudas. Entregaba 27,5 millones por todo. El equipo de Gobierno de San Fernando Sí Puede, que gobierna en minoría (cinco ediles de 21), reclamó la titularidad de la plaza y, en enero, un juzgado de Coslada paralizó la enajenación porque “los bienes aportados son de dominio público”.