La música del diputado Llach

La publicación de las charlas en las que Lluís Llach explicaba que, en el momento que tengamos la ley de transitoriedad jurídica, esta ley obligará a todos los funcionarios de Cataluña y el que no la cumpla será sancionado, ha tenido tres tipos de seguimiento. Quien las considera una amenaza. Quien defiende que ningún estado permite la desobediencia funcionarial. Y, la más preocupante, quien ve en la información —cita de vídeos que sus promotores han descolgado de la red— una manipulación intencionada. La triste acusación al mensajero.

Este sábado, Joan Ollé escribía en El Periódico que “si algo nos está dando el trayecto (el proceso, más kafkiano que helénico) con todos sus funambulismos, tropiezos, mentiras, ocultaciones y pronunciamientos como el de Llach, no es precisamente una lección de enriquecimiento personal”. Joan de Sagarra (La Vanguardia, 30 de abril) subrayaba que la digna trayectoria de Llach no excluye que el diputado pueda amenazar o coaccionar unos funcionarios que no se muestren dispuestos a acatar una determinada ley “como si en lugar de un diputado del Parlament fuera un tertuliano”.

Para Vicens Villatoro (Ara) “el tema es a quién se hace caso. Los Mossos, los funcionarios y los ciudadanos. Hemos llegado al núcleo de la cuestión. Y va de veras”. Un día antes, el diario había dado una luz verde a Llach, “a quien se ha querido criminalizar por una cosa tan evidente como que los funcionarios tendrán que acatar la legislación que apruebe el Parlament”. Aquel mismo día, El Periódico titulaba su editorial: “Llach dice lo que el Govern catalán piensa”. Xevi Xirgu (El Punt Avui, 27 abril) sostenía que “el principal peligro (y yo diría que único) de toda esta guerra sucia que estos días están fabricando algunos medios de comunicación es que, efectivamente, quedamos atrapados en su marco mental. (…) Nos quieren hacer sentir culpables de una cosa de la cual no lo somos”. Al editorialista de El Mundo (27 de abril) le daba vergüenza “que el mismo Govern que hace cuatro años que está instalado en la desobediencia, advierta ahora que castigará a los funcionarios que no cumplan las normas encaminadas a la secesión”. Un día antes, el director de El Periódico, Enric Hernàndez, se preguntaba “qué demonio de “país normal” sería esta República catalana que antes de constituirse ya amenaza de reprimir al disidente (…). No era esto, compañeros, no era esto”.

En los digitales, Salvador Cot (El Món) escribe que “la gesticulación de medios como El País indica, claramente, que el Estado tiene dudas serias sobre la capacidad de intimidación que tiene sobre los trabajadores públicos que hacen funcionar los servicios en Cataluña”. Vicent Partal, en Vilaweb, teoriza que en los vídeos de las charlas de Llach “explica una cosa simple y muy lógica: que si se gana el referéndum habrá un nuevo estado. Y a continuación razona que este Estado, como todos los estados, tendrá unas leyes propias que los funcionarios lógicamente tendrán que seguir”. Pero, el anunciado castigo a los funcionarios desobedientes no se producirá, según Llach, cuando, hipotéticamente, Cataluña sea un Estado si no antes del anunciado referéndum, con la aprobación de la ley de transitoriedad. Jordi Mercader (Nació Digital) critica a quienes señalan al mensajero que divulga unas palabras dichas en público simplemente por los efectos inconvenientes que su publicación causan al orador. Por último, Xavier Rius (eNotícies) se pregunta si lo publicado por Cristian Segura es mentira. “No, él únicamente ha hecho de periodista”. Y contempla como ninguna asociación o sindicato profesional ha salido en su defensa. “Hay aquella frase atribuida a Winston Churchill que dice “una prensa libre es el guardián insomne de todos los demás derechos”. Y termina: “Aquí publicas una exclusiva y te arrastran por los suelos. Aquella vieja táctica de matar al mensajero”.