Los comunes buscan cobijo en Europa para blindarse ante el referéndum unilateral

Los comunes, el espacio de izquierdas liderado por Ada Colau y Xavier Domènech, han armado una estrategia para blindarse del referéndum unilateral que ha prometido convocar Carles Puigdemont. Acusados por los independentistas de mantenerse en la ambigüedad, los comunes han retado al Gobierno catalán a pedir el apoyo internacional de la Comisión de Venecia, un órgano consultivo que depende del Consejo de Europa. Con su decisión, los comunes ganan argumentos electorales. El independentismo lo considera un caramelo envenenado.

Catalunya sí que es Pot registró el viernes en el Parlament una moción para instar al Gobierno a buscar el apoyo de la Comisión de Venecia, un órgano integrado por 47 juristas —uno por cada Estado miembro del Consejo de Europa— y 13 de Asia, América y África. Joan Coscubiela, portavoz de Sí que es Pot, condicionó el apoyo de su espacio al referéndum a que la comisión dé el beneplácito con independencia del rechazo del Gobierno central. “Puedo entender que se haga en contra el criterio del Estado. Pero no que no tenga aval internacional”, dijo. El plan sirve a los comunes para despojarse de la etiqueta implícita de que solo apoyarán un referéndum acordado con el Estado, algo imposible con las actuales mayorías en el Congreso.

La moción se votará en el Pleno y supone un balón de oxígeno para los comunes, en el ojo de huracán entre los partidarios y detractores del referéndum. Su estrategia busca quitarse presión de encima y ganar argumentos para no ir a unas elecciones alineados con el bloque contrario a la consulta. Su intención es no actuar solo para salvar la papeleta a Puigdemont. Miembros de Junts pel Sí y la CUP consideran en cualquier caso que su paso es en falso.

La Comisión de Venecia cuenta con un código de buenas prácticas que fija los requisitos de un referéndum. Y el esencial es que deben ajustarse a la constitucionalidad. El apartado III del Código, titulado Reglas específicas, sostiene que la práctica de los referendos debe ser permitida solo “cuando se encuentre estipulado en la Constitución o en una ley conforme a esta (...) Los referendos deben ser organizados cuando el sistema legal lo estipule”. No solo eso: la ley de la que debe amparar la consulta tiene que estar aprobada un año antes de votar. Por ahora, a cuatro meses de la fecha del referéndum, sigue en secreto.

La propuesta, formulada por Coscubiela, un diputado no precisamente cercano al núcleo de los comunes, desconcertó a Junts pel Sí. Oriol Junqueras avisó de la dificultad de que la comisión de Venecia acepte el plan si el Estado se opone. Junts pel Sí y la CUP avisaron después de que solo pueden recurrir los Estados. “No hagáis trampas”, afeó a los comunes Mireia Boya, de la CUP. La realidad es que no solo los Estados pueden hacerlo. Los Estatutos del órgano especifican que pueden formular peticiones el Consejo de Ministros, la Asamblea de Parlamentarios o el Congreso de Autoridades Locales y Regionales de Europa. La Asamblea puede solicitar dictámenes sobre “ciertas reformas legislativas o constitucionales de un Estado”. Y, como dice Coscubiela, un comité de la misma, sin atender a la correlación de fuerzas —reproduce las del Parlamento Europeo—, puede medir que monitoricen los conflictos.

Diferentes juristas consultados sostienen que no es un problema de legitimidad de quien puede recurrir a Venecia sino de la utilidad de hacerlo cuando apuesta sin ambages por defender la adecuación de los referendos al orden constitucional. Y ponen como ejemplo que la comisión, por mucho que pidiera mejoras, validó la reforma de la ley del Tribunal del Constitucional para abrir la vía penal. El problema es que parte del independentismo ha mitificado a la Comisión de Venecia porque no fija un mínimo de participación en los referendos —sí que los estableció sin embargo en el caso de Montenegro— para evitar que los contrarios al mismo fomenten la abstención. Ese criterio lo ha repetido muchas veces Marta Rovira, de ERC,— omitiendo que Venecia exige acatar el orden constitucional.