La Asamblea ratifica el pacto para rehabilitar la Cañada Real

Los vecinos han abandonado el pleno razonablemente satisfechos, sobre todo porque el acuerdo preserva el plan para el futuro independientemente del partido que se encuentre en el gobierno. “Es un largo camino que está comenzando, y es necesario emprender reformas y ayudar a muchas personas a ordenar sus vidas”, ha indicado Agustín Rodríguez, párroco de la Iglesia de Santo Domingo de la Calzada situada en la Cañada. El documento propone consolidar el Sector 1 —el asentamiento está dividido en seis zonas— y el desmantelamiento del 6, el más conflictivo por la delincuencia y sus pésimas condiciones de habitabilidad. Para el resto, del sector 2 al 5, no existe una planificación concreta.

Antes de su firma definitiva, el Pacto debe ser aprobado por los plenos de los Ayuntamientos implicados (Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid) que también han participado en la redacción del texto. La premisa fundamental del documento es garantizar el derecho a la vivienda de todos los habitantes de la Cañada que cumplan los requisitos. En el caso de no formar parte del censo en la fecha marcada, el Gobierno regional se compromete a estudiar la celebración de un convenio marco que ofrezca una solución residencial.

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Una vez pase el filtro de los municipios, se constituirá un comité regional, además de mesas y comisiones de trabajo, que decidirán los pormenores de la regularización. “Todavía hay muchos puntos sin definir”, explica Elena Martín, representante vecinal del sector 6, que desea que estas “reglas de juego no cambien, como ha sucedido en muchas ocasiones”.

El pacto ofrece una solución definitiva para los sectores 1 y 6, que representan más del 60% del terreno total de 107 hectáreas. En la zona 1 (Coslada) se consolida la mayor parte de las viviendas. El sector 6 se desmantelará, por las afecciones urbanísticas insalvables que existen y por la ausencia de condiciones mínimas de habitabilidad, explica el PP. 

Para los sectores del 2 al 5 (Madrid y Rivas-Vaciamadrid) no existe todavía una planificación concreta. Se van a constituir tres ponencias técnicas (urbanística/medioambiental, jurídica y económica) que estudiarán las soluciones más adecuadas. Se ha marcado el plazo de un año, con una prórroga de un año, para emitir los informes. Las dificultades se deben a que el 75% de la Cañada cuenta con afecciones urbanísticas (por estar construidas en dominio público hidráulico, bajo líneas de alta tensión o soportar mucho ruido), que impiden la calificación como suelo residencial.

El Pacto también recoge un conjunto de medidas en materia social, sanitaria, educativa y laboral. También un plan de choque con medidas inmediatas para dignificar las condiciones de vida de los vecinos de la zona.