Arbitristas

Como sin duda los lectores saben, el arbitrismo fue, en la Castilla del siglo XVII, una escuela de pensamiento político-económico que pretendía proponer soluciones (“arbitrios”) a los crecientes problemas de una Monarquía Hispánica en declive. Aunque, sin duda, entre los arbitristas hubo autores estimables que formularon ideas juiciosas (sobre todo, en materia monetaria y fiscal), ya para sus mismos coetáneos —por ejemplo, Cervantes o Quevedo— tales arbitristas aparecieron como una tropilla de excéntricos, patrocinadores de remedios descabellados e inviables a los males de la patria; una especie de precursores del profesor Franz de Copenhague, para decirlo en lenguaje algo más moderno.

Uno de ellos, por ejemplo, pretendía fomentar la riqueza del país a base de suprimir toda forma de ocio. De otro se cuenta que, a propósito de la interminable guerra de Flandes y ante el uso defensivo que las ciudades holandesas hacían de la inundación de sus pólders, propuso trasladar a la región grandes cantidades de esponjas, que absorberían el agua y permitirían a los tercios asaltar las plazas rebeldes a pie enjuto...

Pues bien, se diría que cuatro siglos después la tradición intelectual arbitrista —es decir, la tendencia a proponer soluciones simples y contundentes a problemas complejos— sigue bien viva en España. Por lo menos así lo parece, a juzgar por ciertas lecturas y reacciones ante el llamado “desafío catalán”.

A lo largo de las últimas semanas, y en estas mismas páginas, hemos podido leer a conspicuos escritores sugerir que, como se hizo con los golpistas del 23-F, se encarcele también “a los que atentan contra el Estado en el Parlament”; y propugnar encarecidamente la aplicación, mejor hoy que mañana, del artículo 155 de la Constitución. O hemos visto cómo sesudos ensayistas abogan por el entierro de la conllevancia, del encaje y hasta del catalanismo, defienden un cerrojazo recentralizador de este Estado autonómico que ha ido demasiado lejos y afirman que “no necesitamos ofrecer nada a los soberanistas; esta vez, a los nacionalistas, ni agua”; todo lo más, “las medidas coercitivas que la ley democrática dispone”.

Aunque no se trate de un intelectual, cabe situar en esta misma línea al alcalde-presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda Ortiz, que aprovechó el receso pascual para hacer, desde su cuenta de Twitter, un poco de análisis sociopolítico: “Qué pesadez lo de los piraos independentistas de Cataluña. Hartazgo de viajes a ninguna parte. Insufribles ya! Puff!!”. No estará de más recordar que el tal Imbroda preside además la Comisión General de Autonomías del Senado, aquella ante la cual el presidente Puigdemont fue instado a comparecer para explicar y debatir su demanda referendaria. Con semejante árbitro hubiese sido un debate de lo más ponderado y respetuoso, qué duda cabe...

Sería lícito interpretar que el alcalde-presidente de Melilla está dispuesto a agitar todos los espantajos, preferentemente patrióticos (ya tiempo atrás, en un discurso oficial, había calificado a los independentistas catalanes de “traidores”, “felones”, “iluminados” y otras lindezas), con tal de que no se hable del volcán sobre el cual gobierna desde hace diecisiete años y de sus numerosos cráteres: la valla antiinmigrantes de los asaltos y las polémicas, la latente reivindicación marroquí, la delicada convivencia entre las distintas comunidades de la ciudad, la constante amenaza yihadista...

Pero no hace falta recurrir a explicaciones tácticas. De hecho, la tesis de que cuanto ocurre en Cataluña es un problema de enajenación mental colectiva no la ha patentado el señor Imbroda; ya en 2014, aquí mismo, un reputado articulista descubría “factores psicopatológicos” detrás de la reivindicación independentista; y, para atajarla, proponía enviar con urgencia a Cataluña “trenes llenos de psiquiatras” que, una vez llegados a destino, desplegasen entre los catalanes alienados una panoplia de “electroshoks y terapias paliativas”. Por suerte o por desgracia, tan pertinente consejo no ha sido seguido y, en vez de psiquiatras, lo que nos han enviado son más bien jueces, fiscales, abogados del Estado y agentes judiciales.

O sea, y en resumen: encarcelamientos, suspensión de la autonomía, (más) recentralización del Estado, “a los nacionalistas, ni agua”, son una banda de chalados, hay que aplicarles todo el peso de la ley... ¿Es con semejantes diagnósticos y soluciones como pretende la intelectualidad española supuestamente progresista —dejo de lado al columnismo cavernario— reconducir a esa mitad de la ciudadanía catalana que apuesta por la independencia? Francamente, resultaba más sensato el arbitrista de las esponjas en Flandes.

Joan B. Culla es historiador.