El recorte de la inversión en Cataluña desconcierta a los empresarios

Los empresarios catalanes acogieron ayer con sorpresa la caída de la inversión en obra pública en Cataluña prevista en los Presupuestos. Chocó que, tras el anuncio de una semana antes de Mariano Rajoy, la cifra prevista sea de 1.149,58 millones de euros, un 2,7% menos que el año pasado y la tercera más baja de la serie iniciada en 2001. Aunque tomaron los datos con la misma cautela que los compromisos del presidente del Gobierno, los datos cayeron como un jarro de agua fría en un momento en el que se esperan gestos que permitan desbloquear las relaciones entre el Estado y la Generalitat.

El único dato positivo es que el peso relativo de Cataluña en la inversión territorializada del Grupo Fomento sube y alcanza el 13,4% del total. “Pero eso sucede porque la inversión cae un 22,7%, así que mejor ni contarlo”, señalaba el secretario general de Fomento del Trabajo, Joan Pujol, que pedía tiempo para poder hacer un análisis más profundo. La semana pasada, en el acto organizado por el mismo Gobierno central, el empresariado catalán retuvo básicamente dos partes del discurso de Rajoy, más allá de la cifra de inversión. Una, la afirmación de que si ahora se va a invertir es porque España puede; la segunda, el compromiso de que las inversiones que se planteen podrán ser verificables.

Sobre la primera cuestión, la drástica reducción de la inversión genera dudas y se afea al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que dijera que hasta 2018 no crecerá la inversión. Sobre la segunda, los empresarios se cogen a ella como un clavo ardiendo. Lograr que se ejecute el mayor volumen de partidas presupuestadas y no apenas el 70%, como ha sucedido en los años de gobiernos de Mariano Rajoy. “Tenemos que entender que cumplirá, porque sería feo que volviera a asumir un compromiso y volviera a no cumplirlo”, afirmaba condescendiente Helena Guardans, presidenta de Sellbytell.

“Me sorprende que la semana pasada hiciera anuncios en Barcelona y que hoy se presenten unas inversiones que son inferiores a las del año pasado; las diferencias entre lo que dicen y hacen son difíciles de entender”, explicaba el presidente de Pimec, Josep González. El dirigente patronal temía que el Gobierno hubiera tenido que redibujar las cifras de inversión del Grupo Fomento a última hora ante la contestación de comunidades que se habían sentido agraviadas por un trato preferente a Cataluña que, tras concluir algunos proyectos del tren de alta velocidad, será este año la segunda comunidad con más inversiones, solo por detrás de Andalucía.

Más duro era Antoni Abad, presidente de la patronal vallesana Cecot, quien lamentaba el riesgo de que el presidente del Gobierno “vuelva a estropear su credibilidad”. Abad exige que se priorice el corredor mediterráneo –Rajoy prometió que el tramo catalán esté funcionando en la primavera de 2020—y que el Ministerio de Fomento al menos sea capaz de calendarizar las cifras de inversión, para saber cómo se inyectarán para hacer realidad el proyecto.

El agravio del empresariado catalán se entiende con tres argumentos: hace años que la comunidad sufre recortes de inversión en los presupuestos; ese recorte se amplía porque se invierte menos de lo comprometido; y, al final, la inversión no reconoce el peso económico de Cataluña. Ni se premia a los proyectos que, para el conjunto de España, tendrían una mejor relación coste-beneficio.