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La Fiscalía presiona para que no prescriba el caso del semen de Tarragona

El ministerio fiscal pide un cribaje de las empresas contaminantes

El polígono petroquímico de Tarragona.
El polígono petroquímico de Tarragona.

Vuelta de tuerca al expediente judicial que investiga la mala calidad del semen de los varones de Tarragona. La Fiscalía de Medio Ambiente ha mandado un escrito de apremio al juzgado instructor para que desatasque las diligencias. El fiscal encargado del caso, Ignacio Monreal, insta al juzgado a mover ficha para que no prescriba y ha pedido que se acote la investigación a las plantas químicas que puedan ser más sospechosas de irradiar sustancias dañinas.

El fiscal reclama que, de entre la lista de más de 200 empresas que detectó la Guardia Civil como emisoras de tóxicos al aire, se haga un cribaje que posibilite descubrir cuales son los principales focos nocivos.

El caso transita por los tribunales desde el año 2010, cuando el colectivo ecologista L’Escurçó interpuso una denuncia por un presunto delito contra el medio ambiente. La entidad señalaba al potente polígono petroquímico de Tarragona como fuente de emisiones perjudiciales para la salud de las personas. Se amparaba en un informe del Instituto Marqués, clínica especialista en ginecología y tratamientos de fertilidad, que reveló que el 53% de las muestras de esperma analizadas en Tarragona no cumplían con los parámetros de normalidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El asunto ha avanzado a trompicones pero se reactivó en julio de 2016 cuando la Audiencia Provincial revocó un auto de archivo que había acordado el juzgado instructor 1 de Tarragona, al frente del cuál está Joaquín Elías Gadea, juez decano de Tarragona. La Audiencia le afeó al juez que hubiera archivado el caso sin atender a la “necesidad” de agotar todas las líneas de investigación posibles. Es precisamente Elías Gadea quien debería aplicarse ahora en hacer avanzar la investigación. Sin embargo, el caso lleva ocho meses bloqueado. La Fiscalía tampoco ha recibido ninguna respuesta a su petición para poder ampliar el plazo de investigación, la ley pone un tope de seis meses, pese a alegar que se trata de un caso de manifiesta complejidad.

La Fiscalía de Medio Ambiente ha procedido a mandar un comunicado de apremio al juzgado para que aclare qué acciones está tomando para cumplir con el mandato de la Audiencia. Al tiempo, le pide al juez que active las actuaciones policiales para hacer un cribaje de las empresas contaminantes. El objetivo es identificar a las cinco plantas que arrojan más residuos al aire. La unidad Seprona de la Guardia Civil fue quien inicialmente se encargó de realizar una primera pesquisa. Desembocó en un listado de más de 200 empresas que, en función de su actividad, podían dar lugar a la emisión de residuos o subproductos que pueden tener afectación sobre los disruptores endocrinos de las personas.

Fuentes del Seprona aseguran que, pese al tiempo transcurrido desde que la Audiencia levantara el archivo de la instrucción, no se ha recibido ningún mandamiento del juzgado ordenando acotar la investigación inicial.

Archivada por tres veces

Desde que recibiera la denuncia por primera vez, el juzgado instructor ha archivado hasta por tres veces la causa. Alega que se halla ante “un problema evidente de causalidad” porque es demasiado difícil averiguar cual de las empresas químicas que operan en el polígono petroquímico, el más importante del sur de Europa, genera las emisiones tóxicas que afectan a la calidad del semen. El juzgado incluso ha llegado a referir que vestir pantalones estrechos o abusar del tabaco y el alcohol también debilita la frescura del esperma. El colectivo ecologista L’Escurçó se ha resistido a arrojar la toalla, una tenacidad que también ha mostrado la Fiscalía de Medio Ambiente. Quieren despejar dudas sobre si concurren indicios para atribuir a las químicas la autoría de un delito contra el medio ambiente, una infracción que el código penal castiga con penas que pueden ir de los seis meses hasta los cuatro años de cárcel.

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