Valencia exige el acta a los 9 exediles del PP investigados en el ‘caso Taula’

El pleno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este jueves el informe de conclusiones de la comisión de investigación del caso Taula, donde se pide a nueve de los 10 concejales del Grupo Popular investigados por presunto blanqueo de capitales, que entreguen su acta. Esta conclusión -de las seis del informe- ha contado con el respaldo de los tres partidos de la coalición del gobierno -Compromís, PSPV y València en Comú (VeC)-, la abstención de Ciudadanos y el voto contrario del PP.

Los ediles electos del PP abandonaron la militancia temporalmente tras su imputación en el caso pero se negaron a entregar sus actas y continuaron como ediles independientes adscritos al grupo municipal Popular. Eusebio Monzó, actual portavoz del PP, es el único que no está investigado por el presunto pitufeo (método para blanquear dinero) durante la etapa de Rita Barberá como alcaldesa de Valencia.

Jordi Peris, concejal de VeC y segundo teniente de alcalde de Valencia, ha criticado que el PP haya "boicoteado desde el principio la comisión de investigación" a pesar de que se creó con el apoyo de todos los grupos municipales del Consistorio. "La corrupción les rodea por todas partes pero ahí siguen. Dimitan ya", les ha urgido.

El segundo teniente de alcalde de Valencia ha planteado además que, tras el cierre de la comisión de investigación, se cree un grupo de trabajo que fiscalice uno de los contratos bajo sospecha, el del centro cultural de La Rambleta. Según el edil, este contrato cuesta al Consistorio unos 2,3 millones de euros anuales "por lo que no es un asunto menor".

La portavoz socialista y primera teniente de alcalde, Sandra Gómez, ha insistido en que "la verdad es hija del tiempo, no de la autoridad. Y desde 2005 los socialistas hemos conocido los casos Terra Mítica, Gürtel, Brugal, Nóos, Taula... Los venimos denunciando desde hace años y lo hicimos solos mientras ustedes [ha dicho dirigiéndose a los populares] nos acusaban de ensuciar la política y de judicializarla. 20 años después podemos hablar alto y claro de ello".

Narciso Estellés, concejal de Ciudadanos, ha recordado que una comisión de investigación no es un juicio y ha lamentado el "cierre precipitado" de la misma "provocado por los tres partidos del gobierno municipal". Ciudadanos era partidario de que los trabajos de investigación continuaran.

El presidente de la comisión de investigación y edil de Compromís, Carlos Galiana, al igual que Peris, ha exigido el acta a los ediles investigados o que abandonen el Grupo del PP. "Tienen responsabilidades políticas porque son responsables de lo que pasaba en su grupo", ha dicho.

"No van a poder con nosotros", ha respondido Monzó a las críticas y censuras del resto de grupos políticos con representación municipal. El edil del PP ha arremetido contra los promotores de la comisión de investigación "porque han intentado aprovechar para demostrar algo que debe probar la justicia". "Los concejales", ha añadido, "van a aguantar hasta que lo diga el juez".

Monzó ha acusado a socialistas y Compromís de tratar de forma diferente al PP que "a gente imputada en su grupo", en referencia al exconcejal Rafael Rubio, investigado  en una pieza donde se dirime si varios asesores cobraron cobraron presuntamente en Imelsa, empresa de la Diputación de Valencia, sin realizar ningún trabajo en la firma. "Tienen una doble vara de medir", les ha acusado el edil.

El Ayuntamiento adoptará medidas para garantizar la transparencia y el buen funcionamiento de los grupos municipales. Además, modificará el reglamento orgánico que regulará “de manera “óptima” las comisiones de investigación municipales. Las conclusiones del informe se han votado por separado.