Las facturas falsas de la informática municipal ascienden a 720.000 euros

Las facturas falsas que atestiguaban la entrega de material y servicios informáticos para el Ayuntamiento de Madrid que jamás se realizaron asciende a más de 719.000 euros. Así lo reconoció Carmen Román, responsable política del organismo de informática municipal (IAM), para dar cuenta del caso de contabilidad B denunciado en noviembre que está investigando la Fiscalía. De momento, se han abierto tres expedientes disciplinarios a partir de indicios de delito.

Entre febrero y noviembre del año pasado, el organismo de informática municipal (IAM) firmó tres contratos de material de cableado de red, que incluye su instalación, por un importe total de dos millones de euros. De estos contratos, solo se ejecutaron 388.000 euros por trabajos finalizados. Otros 719.234 euros se recibieron en una cuenta paralela a través de facturas falsas de material no entregado.

El supuesto desvío de fondos públicos se gestionaba a través de una hoja de Excel en la que aparecía lo que realmente estaba ejecutado y lo que estaba pendiente. El Ayuntamiento no gastó físicamente el dinero de la cuenta paralela, puesto que, según se desprende de las actas de la última reunión del IAM del 22 de marzo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, los albaranes falsos se anularon antes del pago.

En noviembre del año pasado, no obstante, una denuncia anónima alertó de la existencia de una contabilidad B en el organismo municipal de informática. Tras comprobar la existencia de indicios delictivos, Román, responsable política del IAM, destituyó al subdirector, Francisco López Farled.

En la última reunión del organismo, Román también anunció que otras dos personas (una empleada y un jefe de servicios) sufrirán un expediente disciplinario. No incluyó en la lista de los responsables de estos hechos calificados de "irregulares" e "inadmisibles" al actual director del organismo, Fernando Pérez. Este fue nombrado por el actual ejecutivo municipal de Manuela Carmena.

La inspección interna del Consistorio investigó la existencia de pruebas de delito. En un informe que entregó al Ayuntamiento en febrero detalló todos los indicios de delito que, según se desprende de las actas de la reunión del IAM, incluyen "malversación de caudales públicos, falsedad de documento público y fraude".

En este informe también se indaga en posibles responsabilidades políticas. El Ayuntamiento, sin embargo, sigue sin hacer público el documento. Durante la última reunión del IAM, Román señaló que el informe es "reservado, por lo que hacerlo público no es una alternativa posible".

El Ayuntamiento ha encargado una auditoria externa que analice los tres contratos bloqueados. Otra auditoría, esta vez interna, dependiente de la Intervención General del Consistorio, analizará los contratos del IAM durante los últimos cinco años.