Caso IAM

El sistema informático municipal de Madrid se halla al borde del colapso

El Ayuntamiento no puede cambiar los equipos por un caso de desvío de fondos en un organismo municipal

Fachada de la sede del Departamento de Informática del Ayuntamiento de Madrid.
Fachada de la sede del Departamento de Informática del Ayuntamiento de Madrid.julián rojas

La mayoría de los dispositivos electrónicos de la red de datos del Ayuntamiento de Madrid son viejos o no tienen garantía, y por lo tanto carecen de soporte técnico. Esa es la conclusión de un informe encargado por el Consistorio a la multinacional Cisco Systems, que avala las sospechas de que, tras el bloqueo por desvío de fondos en el organismo Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM), la red de comunicaciones del Consistorio está en peligro de colapsar. Un tercio de los equipos, además, sufren fallos de seguridad. La Fiscalía investiga este caso de contabilidad paralela descubierto en noviembre. El gobierno municipal sigue sin publicar el documento de la investigación interna que aclararía si existen responsabilidades políticas.

El informe elaborado en abril de 2016 por la multinacional del sector tecnológico, al que ha tenido acceso EL PAÍS, revela que el 72% (1.846) de los 2.573 dispositivos de la red de comunicaciones del Ayuntamiento de Madrid están “sin soporte”. Eso significa que, en caso de fallos técnicos, la empresa encargada del mantenimiento no se hace responsable de las reparaciones. La falta de soporte tiene más gravedad porque, tras descubrirse la contabilidad paralela en el IAM, el ente no puede contratar la instalación de nuevos equipos, con lo que el porcentaje de los dispositivos sin mantenimiento podría ser a día de hoy superior.

El informe también señala que el 25% de los equipamientos están “descatalogados”, es decir, que los productos ya no se fabrican. Asimismo, los software instalados son viejos, lo que determina que uno de cada tres equipos padece fallos de seguridad (en argot técnico, están expuestos a avisos “PSIRT Security Advisories”). Fuentes internas del IAM asumen que el sistema “puede quebrar”, mientras que desde el Consistorio sostienen que de momento no hay incidencias relevantes.

Los contratos bloqueados por desvíos de fondos en el IAM ponen así en peligro el mantenimiento del servicio informático del Ayuntamiento de Madrid. Después de que este periódico desvelara que en el almacén del organismo existían decenas de cajas de material sin inventariar, ahora es la red de comunicaciones del Consistorio que muestra graves deficiencias.

El director del organismo de informática supo de los problemas en abril de 2016 y por ello encargó la compra de material de sustitución, por un valor global de dos millones de euros. En noviembre del año pasado, sin embargo, una denuncia anónima, que luego se reveló cierta, advirtió de la existencia de una contabilidad paralela que desviaba dinero de dichos contratos a través de facturas falsas. De esta forma se creaban “bolsas de dinero” cuyo fin sigue siendo desconocido.

Cese del subdirector

El primero en caer fue el subdirector del IAM, Francisco López Farled, quien fue considerado por los responsables del Ayuntamiento el máximo responsable del desvío supuestamente ilegal. El director del IAM, Fernando Pérez, sin embargo, no sufrió ningún tipo de procedimiento disciplinario, pese a que fue él quien encargó los contratos y el responsable de su cumplimiento.

Pérez está al mando del organismo de informática municipal desde la llegada de Manuela Carmena a la alcaldía. Fue nombrado por Carmen Román, gerente de la ciudad y responsable política del IAM, que es una de las personas del círculo de confianza de la alcaldesa. El pasado, miércoles la gerente de la ciudad explicó que, además del subdirector, otros empleados del organismo podrían sufrir expedientes disciplinarios. Pero entre ellos sigue sin aparecer el director.

El Consistorio reconoce haber realizado hasta ahora pagos por material informático entregado por 388.000 euros, pero aún no existe una cifra exacta del dinero que pudiera haberse desviado. Román defendió hasta después de recibir el informe de inspección interna del Ayuntamiento (cuando se demostró la existencia de indicios de delitos) que los problemas se debían a una “mala práctica administrativa”.

También reconoció los efectos negativos de este desvío de fondos en el funcionamiento del servicio: “El IAM es un organismo que tiene buen funcionamiento, pero las consecuencias de estas investigaciones suponen la paralización de instalaciones en la red de datos”. Y lamentó que “por intentar agilizar ciertas actuaciones se haya llegado a este tipo de mala praxis”.

El informe de los servicios de inspección del Consistorio sigue sin hacerse público. Queda por lo tanto en el aire la pregunta sobre si el director del IAM sabía de la existencia de la contabilidad en B y, en caso afirmativo, por qué no la denunció. Falta también por aclarar por qué Carmen Román y el ejecutivo de Ahora Madrid, que orbita en torno a Podemos, se niegan a publicar las conclusiones del informe que atestiguan la existencia de indicios de delitos y pueden contener pruebas de algún tipo de responsabilidades políticas.

Un “acuerdo marco” para resolver los problemas

Carmen Román, gerente de la ciudad y responsable del IAM, reconoció en febrero que todas las áreas del Ayuntamiento de Madrid necesitan nuevas instalaciones de dispositivos. Por esta razón, y con los tres contratos bloqueados, el IAM piensa actuar a través de un “acuerdo marco” que permita instalar todos los equipamientos que ya han sido comprados.

Además de intentar corregir el estado de la red interna antes de que sea demasiado tarde, el Ayuntamiento quiere analizar todos los contratos firmados por el IAM en el último lustro. Esta auditoría, que en un primer momento se dijo que iba a ser “independiente”, ha pasado en las manos de la Intervención General.

La nueva interventora fue nombrada en noviembre por Carmena después de que su equipo cesara a la anterior, oficialmente para "reforzar" el control anticorrupción. La decisión se enmarcó dentro de la apertura de una comisión de investigación para analizar la gestión de los anteriores alcaldes, Alberto Ruiz-Gallardón (2003-2011, Partido Popular) y Ana Botella (2012-2015), que meses después un juez declaró improcedente. Asimismo, la delegación del gobierno en Madrid recurrió en octubre el cese de la anterior interventora al suponer que la decisión, avalada por el concejal de Economía, Carlos Sánchez Mato, supone una postura "absolutamente arbitraria" del Ayuntamiento. La delegada del gobierno achaca la decisión a una finalidad política.

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