La Comunidad exige 300 millones al cercanías de Navalcarnero

La Comunidad de Madrid reclamará más de 300 millones de euros a la sociedad concesionaria Cercanías Móstoles Navalcarnero, perteneciente al Grupo OHL, por incumplir un contrato. La empresa, en concurso de acreedores desde mayo del año pasado, debía construir la red viaria hasta Navalcarnero y explotarla una vez terminada, lo que no llegó a ocurrir. La Consejería de Transportes ha abierto un expediente de resolución de contrato por el “incumplimiento de las obligaciones”, según ha podido conocer EL PAÍS. Un portavoz de OHL ha mostrado su sorpresa por la reclamación, ya que “hace casi dos años que la adjudicataria hizo esa petición”.

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El proyecto de conectar por vía férrea Madrid y el suroeste de la región comenzó en 2007, cuando Esperanza Aguirre, entonces candidata del PP a la Comunidad, convirtió el proyecto en su promesa electoral estrella para la zona. El recorrido, de 14,8 kilómetros, debía transitar por siete estaciones. Tras ganar las elecciones, la reelegida presidenta colocó en 2008 la primera piedra y adjudicó la construcción a OHL, que estaba obligada a invertir en el proyecto 362 millones de euros. La empresa correría con todos los gastos y el Gobierno regional le pagaría un canon por cada usuario (2,94 euros). Incluso se cifró en 9,7 millones los viajeros de la línea al año. Pero las obras pararon por sorpresa en 2010. La constructora alegó dificultades económicas que trataron de resolver los Ayuntamientos implicados, la Consejería de Transportes y el Ministerio de Fomento.

Todos los intentos por reanudar los trabajos fueron en balde: a la concesionaria no le salían las cuentas, mientras la Comunidad exigía cumplir lo pactado. En junio de 2015, pleno periodo electoral, la sociedad ya había llevado el proyecto a los tribunales para exigir la disolución del contrato de concesión y reclamar a la Administración una indemnización de 369,5 millones de euros en concepto de inversiones realizadas, además de daños y perjuicios. La empresa vinculada al grupo de Villar Mir alegaba incumplimientos de la Comunidad. La respuesta no se hizo esperar. Con la llegada de Cristina Cifuentes a la presidencia regional se intentó recuperar un aval de 18 millones que la concesionaria había depositado al ganar el concurso.

Multa por incumplimiento

En febrero de 2016, el Consejo de Gobierno multaba con 34 millones de euros a la sociedad concesionaria por incumplimiento grave de las obligaciones contractuales, ya que no había terminado la obra en el plazo señalado (estaban previstas para 2013). Aun así, la consejería liderada por Pedro Rollán dio otros 16 meses de plazo a Cercanías Móstoles Navalcarnero para terminarla. Un portavoz del Gobierno regional asegura que son conscientes de que tampoco cumplirán con ese plazo, que expira en junio, motivo por el que se abre el expediente de resolución. Los técnicos estudian ya la cifra a reclamar por daños y perjuicios, que superará los 300 millones de euros.

Después de la sanción de 34 millones impuesta por la Administración, Cercanías Móstoles Navalcarnero solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la suspensión cautelar de la multa, que le fue denegada. Esa decisión llevo a la empresa a requerir, en mayo de 2016, el concurso voluntario de acreedores por encontrarse en situación de insolvencia. Tras años de litigios judiciales, el pasado diciembre la sociedad comenzó a retirar la tuneladora de diez metros de diámetro que permanecía en las obras dando al traste con el proyecto. El Grupo OHL había invertido en él 238,9 millones.

Un portavoz de OHL reconoció este martes que a la empresa “le sorprende el anuncio de reclamación” que hace la Comunidad. Recuerda que la adjudicataria está esperando que se dicte sentencia de la solicitud que hizo en julio de 2015 para “resolver el contrato”, una demanda que inició “hace casi dos años para recuperar los 269 millones invertidos”. La entidad afirma que “la Comunidad es la dueña de estas infraestructuras”, por lo que no habría lugar a la reclamación. Añaden que el Gobierno regional prometió que el Ayuntamiento de Móstoles iba a aportar 50 millones, “algo que nunca ocurrió”, y que le obligó a soterrar un túnel “que tampoco contemplaba el proyecto original”.