La Comunidad de Madrid ofrece 11 derechos mineros en mitad de la ciudad

A Martín, de 88 años, le suena que hubo una mina, pero “allá lejos”, en el antiguo barrio de Vicálvaro. Bajo las aceras que pisa ahora, en el bulevar de Indalecio Prieto, en mitad de Valdebernardo, entre la boca de metro y una escuela infantil, no le suena absolutamente nada. Aunque el hecho es que en los años ochenta sí un hubo un permiso de investigación y, después, uno de explotación (que seguramente nunca se llegó a poner en marcha) para abrir justo allí una mina de sepiolita, un mineral muy absorbente utilizado en la industria química o en jardinería y muy común en la Comunidad de Madrid debido a su clima árido.

Esa concesión, bautizada como La Arboleda y otorgada hace cerca de tres décadas, forma parte de la resolución aprobada por la Consejería de Economía el pasado noviembre y por la que “se declaran francos los terrenos y se convoca concurso público de los derechos mineros que se citan” con el objetivo de “fomentar y dinamizar la minería” en la región. Se trata de un centenar de parcelas para las que se ofrecen permisos de investigación; es decir, la autorización previa a la de explotación que se concede para ver si hay posibilidades y si sería rentable sacar, por ejemplo, sepiolita, yeso o sulfato de sosa, entre otros minerales.

Periódicamente, las autonomías ofrecen de este modo los derechos mineros caducados, a veces, entre polémicas por su ubicación. En 2015, por ejemplo, los ecologistas de Almería protestaron porque el Gobierno andaluz ofreció 18 derechos mineros (dentro de un paquete de un centenar) que caían dentro del Parque Natural del Cabo de Gata.

Desde la Dirección General de Minas de la Junta de Extremadura, explican que cada vez que se sacan a concurso se suelen ofrecer absolutamente todos los derechos caducados y que es durante la tramitación posterior cuando se tiene en cuenta si están en espacios urbanos o protegidos. Esto es exactamente lo que señala una portavoz de la Consejería de Economía de Madrid, responsable de la Dirección General de Minas. De ese modo, el caso madrileño sería llamativo, simplemente, por el tiempo acumulado sin oferta: se están ofreciendo algunos derechos concedidos en los años cincuenta del siglo pasado.

Sin embargo, los responsables de Minas de Castilla y León, aparte de asegurar que es mejor “convocar más veces, pero de una superficie más reducida en lugar de convocar un único concurso con múltiples zonas”, señalan que si la convocatoria es de oficio, como en este caso, “se realizará en función de la planificación que realice la Administración”. Esto significa que las ofertas deben ir “orientadas a generar terrenos francos de una forma racional y eficiente, teniendo siempre en cuenta el interés en analizar y explotar la zona objeto del concurso”. Y el profesor de la Escuela de Minas de la Politécnica de Madrid José Antonio Espí, lo dice todavía más claro: “Las Administraciones tienen el deber de velar porque el proyecto sea realizable”. Y remata: “Si es como usted dice, es un horror”.

Ese horror al que se refiere es el hecho de que la Comunidad ofrezca terrenos en zonas urbanas, no solo en Valdebernardo —hay varios entre el extremo que entra en el barrio de Pavones y el parque en el que se ubica Faunia—, sino también en mitad de los barrios de El Cañaveral (Vicálvaro) o en el Ensanche de Vallecas, en zonas protegidas como la Zona de Especial Protección de Aves de los ríos Cofio y Alberche o el Parque Regional del Sureste o junto al aeropuerto de Barajas.

Para Ecologistas en Acción, el peligro es que el proceso pueda acabar costando dinero. “En caso de ser adjudicados, generarían derechos indemnizatorios que deberían ser satisfechos por las administraciones correspondientes”, dice una carta al Ayuntamiento de Madrid firmada por la ONG, que asimismo presentó ante la Comunidad el 30 de enero un recurso de alzada solicitando la nulidad de la resolución por la que se convoca en concurso. Este recurso no ha recibido contestación, asegura la ONG, que no entiende en ningún caso que se saquen a concurso unos terrenos urbanos o urbanizables que, según la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, jamás podrían destinarse a la minería.

Los concejales presidentes de los distritos madrileños de Vicálvaro (Carlos Sánchez Mato, también consejal delegado de Hacienda) y Moratalaz (Pablo Carmona), donde se concentran varias parcelas ofertadas, también tienen previsto presentar hoy o mañana un escrito a la Comunidad para pedir la nulidad del proceso. Y sus argumentos son muy parecidos a los de los ecologistas: “Se está presentando un hecho de imposible realización que entendemos que puede ocasionar un gran daño a las arcas públicas en indemnizaciones”, asegura Sánchez Mato. "Eso es lo que creemos que puede estar detrás de esta oferta”, añade justo antes de recordar las elevadas cifras que están imponiendo los tribunales de expropiaciones en los últimos tiempos.

De momento, la portavoz de la Consejería de Economía asegura que ninguna empresa se ha presentado todavía una oferta por alguno de los derechos mineros del concurso. El plazo para hacerlo, que en principio terminaba este viernes, se ha prolongado dos meses después de que el Gobierno subsanara un error en la convocatoria: se ofrecían algunos terrenos que estaban, en parte, en comunidades colindantes.