Juicio a un guardia civil por colaborar con distribuidores de droga

La sección sexta de la Audiencia de Santiago juzgará a partir de este lunes a un guardia civil del puesto de Santa Comba (A Coruña), R.M.G., acusado de integración en una red de vendedores de drogas de diseño (MDMA), cocaína y hachís que operaba en este provincia, además de facilitar información confidencial al grupo para dificultar la investigación que realizaba la policía contra el tráfico de estupefacientes.

El agente, cabo primero cuando sucedieron los hechos, se enfrenta a una condena de 13 años de prisión y otros tantos de inhabilitación especial que solicita el Ministerio Fiscal por los delitos contra la salud pública, revelación de secretos y falsificación de documentos oficiales, además de casi 21.000 euros en concepto de multas.

El guardia, que residía en Santiago, participó junto a otros 11 acusados en supuestas entregas de estupefacientes que de forma coordinada distribuían entre compradores habituales de la banda, según la acusación. La Fiscalía pide para ellos condenas de entre cuatro y siete años de prisión y multas que suman los 200.000 euros.

En noviembre de 2011 se descubrió la implicación del guardia civil cuando pasó a otro de los acusados en este proceso una bolsa con estupefacientes en una gasolinera cerca de Santa Comba y mantuvo reuniones con los cabecillas del grupo en Santiago. Además, el agente redactó unas diligencias policiales falsas sobre un accidente de circulación que supuestamente había sufrido uno de los traficantes por la interrupción en la vía de un jabalí. Dicho documento fue presentado por el acusado, J. A.C.V., en la oficina del INEM de Fontiñas, en Santiago, para justificar su incomparecencia en dicho organismo y paralizar la imposición de la sanción de cese en el pago de la prestación por desempleo que estaba percibiendo.

Dos meses después, el agente accedió desde el terminal informático de su lugar de trabajo a las bases de datos informatizadas de la Sección Tráfico de la Guardia Civil. La consulta tenía por objeto averiguar la titularidad de los dos vehículos que utilizaban los funcionarios de la policía nacional para realizar seguimientos y vigilancias al grupo en los alrededores de Santiago.

El cabo informó al principal cabecilla de la banda, D.V.F., de las matrículas de los coches y que “dichos vehículos eran utilizados por la Secretaria de Estado para la Seguridad, dificultando con ello las labores de investigación”, afirma el fiscal en su escrito de acusación. El agente llegó a facilitar información a la red de hasta cuatro vehículos que empleaba la brigada antidroga de la policía y los días concretos que habían realizado seguimientos a los acusados.

La policía comenzó a realizar seguimientos a la red en abril de 2011 cuando descubrió que D.V.F., al que se le intervino un arma, había comprado 10 kilogramos de piperonal para la elaboración de drogas de diseño a una empresa de Santiago que suministraba material clínico a centros hospitalarios y laboratorios. Para ello utilizaba a una persona interpuesta que desconocía la finalidad del medicamento.

Días después, D.V.F. encargó a la misma empresa de Santiago 500 kilogramos de borohidruro de sodio y nitroetano. Todas las sustancias eran almacenadas en el domicilio familiar del presunto traficante en la localidad coruñesa de Brión desde donde se preparaban los estupefacientes para su venta.

Desde entonces, el grupo realizó múltiples entregas de cocaína que eran vendidas principalmente en locales de ocio de A Coruña, aunque se constató que tenía contactos con redes de traficantes de Arousa para proveerse de mercancía. Allí uno de sus contactos era un individuo que hacía las entregas de hachís en la localidad de Catoira.