Suspenden las licencias al dueño del arma con que se mató a los Agentes Rurales de Lleida
El juez pone entredicho “la solvencia del propietario para la custodia de armas"
El juez que lleva el caso de los dos Agentes Rurales asesinados en Aspa (Lleida) ha acordado la suspensión de la licencia para portar armas así como de la licencia de caza a Miguel Ángel Fernández Sáenz, –a cuyo nombre el asesino puso el arma del crimen cuando le caducó el permiso– durante la tramitación de la causa. Tras tomarle declaración, el juez considera que existen fundados indicios de que las armas –o al menos la escopeta Benelli calibre 12 con la que se cometieron los crímenes– “nunca llegaron a salir de la posesión del asesino confeso, Ismael Rodríguez, y que la titularidad de Fernández era puramente formal”. Sin embargo, pone en entredicho “la solvencia de Fernández para la custodia de armas".
Miguel Ángel Fernández, de 38 años y vecino de Abrera (Vallès) acudió a declarar el pasado día 27 ante el juez imputado como “cooperador necesario” en un delito de tenencia ilícita de armas. Este delito está “íntimamente relacionado, –apunta el juez en su auto– con los de asesinato, atentado y tenencia ilícita de armas que se atribuyen a Ismael Rodríguez Clemente”.
En su declaración ante el juez, el investigado cambió totalmente la versión que había dado el día del crimen a los Mossos d’Esquadra, con el objetivo de rehuir cualquier responsabilidad.
El instructor de la causa, tras escuchar sus “explicaciones absolutamente inconsistentes”, concluyó que Miguel Ángel Fernández "carecía de cualquier control y supervisión" de las armas. Esto pone en entredicho “la solvencia de Fernández para la custodia de armas y el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la obtención de una licencia de armas, así como también de una licencia de caza, actividad que está íntimamente ligada a la autorización para portar armas”. Por este motivo el juez ha considerado “oportuno y proporcionado”, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos investigados, “la adopción de las medidas cautelares solicitadas por el Letrado de la Generalitat”.
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