El PSOE reclama más concreción en las consultas ciudadanas
Los socialistas exhortan a evitar promesas que no se pueden cumplir
El grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid pretende que los procesos participativos estén mejor regulados y enmarcados únicamente en las competencias municipales. El PSOE, socio de investidura de Carmena y la fuerza que ha apoyado los últimos presupuestos municipales, defiende la puesta en marcha de procesos innovadores como las consultas, pero exhorta a "reflexionar" sobre la necesidad de dotar estos instrumentos de "mayor concreción" al fin de evitar la "desafección" ante promesas que no se pueden cumplir.
Los socialistas presentarán en la sesión del pleno de este martes una propuesta para "mejorar" una serie de actuaciones puestas en marcha por el gobierno de la alcaldesa, Manuela Carmena, en cuanto a participación. En el último año y medio, reflexionan los socialistas, el Ayuntamiento ha puesto en marcha "afortunadamente" iniciativas de participación que pretenden involucrar a la ciudadanía en el proceso de toma de decisión. No obstante, en el caso de las consultas ciudadanas, como la del rediseño de la plaza de España y la reforma de la Gran Vía, cuyo resultado se oficializó este lunes, es "de vital importancia reflexionar" sobre el procedimiento y la materia de estas votaciones, señalan desde el PSOE.
La propuesta socialista, a la que tuvo acceso EL PAÍS, menciona que, si las consultas no responden a cuestiones inherentes a la competencia municipal (en el último referéndum se votó aprobar un billete único del transporte público cuya puesta en marcha depende de la Comunidad de Madrid), la ciudadanía puede ver frustradas sus ambiciones de cambio. De aquí "el peligro de generar nueva frustración y desafección entre la ciudadanía y el propio Ayuntamiento".
Razonamiento parecido atañe al tema de la votación. "Los ciudadanos deben ver que se tiene en cuenta su opinión y que realmente con su participación cambia Madrid", reza el texto de la propuesta del PSOE.
Por ello, los socialistas pedirán al pleno que inste al gobierno de Carmena a constituir una "mesa de trabajo" con todos los partidos en la que se "aborde el proceso de consulta" y se analice técnicamente este procedimiento. El concejal de Participación, Pablo Soto, se mostró abierto a la propuesta.
En esta mesa se deberán "definir" las consultas en el marco de las competencias municipales, además de la "solidaridad, el respeto y los derechos humanos", señala el PSOE. Asimismo, se deberá fijar la "conveniencia de la concreción de las consultas ciudadanas". Las decisiones tomadas en esta mesa deberán modificar los reglamentos y las normas relativas a los procesos participativos en la ciudad para mejorar estos instrumentos y evitar que se queden en operaciones de propaganda política.
En este sentido se expresó este lunes la portavoz socialista Purificación Causapié durante su intervención en el pleno del Ayuntamiento, poco después de conocer el resultado de la consulta. La concejal criticó que la bancada popular se manifestara en contra del proceso participativo y abogó por hacer "críticas constructivas" para mejorar la eficacia de las consultas.
Movimientos vecinales
"La participación no se la ha inventado Ahora Madrid, la participación se ha hecho en España con movimientos vecinales y organizaciones que han construido esta democracia", recordó la socialista, quien añadió que "la participación no cotiza en Bolsa, ni le vale a los mercados, pero es un enorme valor social". "Pongámoslo en valor en vez de hacer proclamas", señaló.
La portavoz socialista recordó que "en la democracia europea hay representatividad política, y también consultas complementarias y procesos de toma de decisiones, como hay organizaciones sindicales; esto forma parte del hacer, no se trata de que pasen a Podemos el invento de la participación ciudadana", que "se la han inventado los ciudadanos de este país".
Esperanza Aguirre, líder del grupo popular en el Ayuntamiento, criticó por su parte el referéndum impulsado por Ahora Madrid: "La única democracia posible es la democracia representativa" dijo. En opinión de Aguirre, la consulta fue un ejercicio de "demagogia". "Esta farsa nos ha salido muy cara", afirmó la popular, y acusó a la alcaldesa de Madrid de ser la responsable política de este proceso: "¿Por qué no han preguntado si los madrileños quieren que limpien más?", preguntó.
La edil de Ciudadanos Silvia Saavedra también consideró que las preguntas carecían de concreción y acusó al gobierno de Ahora Madrid de no informar sobre la votación. Saavedra habló de "histórico despilfarro" de la consulta ciudadana que, según sostuvo, se celebró "sin ninguna garantía" democrática. En concreto, criticó que los voluntarios que se encargaron del recuento de las papeletas manejaran sin control externo datos "confidenciales".
El edil de Ahora Madrid Pablo Soto respondió que estos procesos "generan mejores decisiones" que las que puedan tomar los representantes políticos. Y afirmó que "la democracia representativa que se blinda ante la democracia directa, se corrompe". "Hacer lo que la gente quiere es democracia, populismo es decir lo que la gente quiere oír", dijo. Durante la mañana, la portavoz Rita Maestre calificó el proceso participativo de "éxito rotundo".
La publicidad de la consulta costó 350.000 euros
La primera votación del Ayuntamiento de Madrid durante la era de Manuela Carmena se ha cerrado con 212.000 participantes, que han votado por correo, presencialmente y por Internet. El coste del sufragio ha sido de 1,1 millones de euros. Las previsiones del Ayuntamiento estaban cifradas inicialmente entre 100.000 y 600.000 euros, y calculaban solo el envío de los sobres con las papeletas.
En cuanto al gasto, el delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, afirmó este lunes que el desembolso supone “un coste per cápita 10 veces inferior al coste de unas elecciones al uso”. En la consulta de Carmena, cada voto significó un gasto para las arcas públicas de cinco euros. Algo parecido a la proporción entre desembolso público y sufragios durante las últimas elecciones políticas de 2015. Entonces votaron algo más de 25 millones de electores y el Estado gastó 130 millones de euros, equivalentes a 5,2 euros por cada voto.
El Ayuntamiento cumplió con su promesa de desglosar todos los gastos de la consulta. La campaña de publicidad costó 350.000 euros. El envío de cartas, 384.170 euros. Al diseño gráfico se han destinado 32.912 euros y sobres y papeletas han costado más de 240.000 euros.
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