La alcaldesa de Lugo acepta tirar las torres por las que cayó Besteiro

La alcaldesa de Lugo, la socialista Lara Méndez, ha anunciado que el gobierno local reservará una partida en los presupuestos municipales de 300.000 euros para acometer la demolición de las torres de O Garañón, paralizadas judicialmente y origen de varias imputaciones a políticos, como al exalcalde Xosé López Orozco y el que era concejal de urbanismo en la época de la licencia, José Ramón Gómez Besteiro. Este fue el principio del fin de la carrera política del que con el tiempo se convirtió en líder de los socialistas gallegos y que acabó dimitiendo en 2015 cuando la misma juez que instruye el caso Garañón, Pilar de Lara, lo imputó también por varios delitos (hasta un total de 10) en la Operación Pulpo. Desde entonces, en medio de una fuerte división interna el PSdeG trata de reconstruirse sobre aquellas cenizas. Ahora, la alcaldesa del mismo partido, sucesora de Orozco, renuncia a seguir pleiteando y acepta lo que venían reclamando la oposición y un colectivo cívico. En pocos meses, y después de que se abra un periodo de negociación con el promotor de las torres, declaradas ilegales por sentencia, la enorme mole levantada junto el principal pulmón verde de Lugo, el parque de Rosalía, debería estar demolida.

En una improvisada rueda de prensa convocada a última hora de la mañana de ayer, Lara Méndez también adelantaba que no se recurrirá por casación ante el Supremo el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que invalida las licencias de construcción y urbanización. “Independientemente de las acciones de ejecución de la sentencia, quiero anunciar hoy que vamos a incluir una partida en los próximos presupuestos para prever el derribo de O Garañón. El gobierno quiere incluir esa partida, y llegado el caso acometer el derribo del edificio”, ha sentenciado.

Lara Méndez ha precisado que acordó no recurrir, porque así lo recomendó un estudio “externo” que encargó el consistorio de “las dos sentencias". No lo hago porque no entienda que se siguió la legalidad vigente, escrupulosamente", defendió sin embargo la regidora socialista, "sino por entender que formalmente no tenemos más motivos añadidos para el recurso de casación”.

“Quiero dejar claro el buen hacer de nuestros técnicos y recalco la presunción de inocencia de los técnicos que puedan estar implicados, de todas las personas implicadas no solo por ser compañeros de corporación sino porque así lo dice y lo recoge la constitución”, proclamó luego.

La partida que se reservará de 300.000 euros para su demolición podría verse incrementada por la indemnización que requiera el constructor de dicha urbanización a los pies del parque Rosalía de Castro. Cabe la posibilidad de que el Ayuntamiento llegue a un acuerdo para que la demolición no sea completa y el promotor presente una obra de reforma alternativa. No obstante, la Asociación en Defensa del Parque, impulsora de la sentencia judicial, aspira a borrar por completo la enorme sombra que proyecta O Garañón.