El testigo protegido que destapó el ‘caso Guateque’ admite que le pidieron un soborno de 15.000 euros

El primero en declarar ayer en la Audiencia Provincial fue el testigo protegido -al que a petición suya se ocultó con un biombo-. El testigo, que es industrial de hostelería y propietario de varios locales, destapó el caso gracias a una conversación que mantuvo con el empresario Sanz Escribano y que registró con una grabadora que llevaba oculta. En la grabación, que se reprodujo en la sala, se escuchaba cómo Escribano le explicaba a este testigo que la única manera de saltarse la saturación que existía en el departamento de Evaluación Ambiental en el momento de los hechos (hace casi 10 años) era pagar al funcionario Victoriano Ceballos entre 12.000 y 15.000 euros para agilizar una licencia. ¡Eso es falso! respondió exaltado Sanz Escribano desde el banquillo de los acusados, a lo que la juez respondió que si no se calmaba debía abandonar la sala.

Más información

Uno de los acusados del ‘caso Guateque’ reclama que se investigue a altos cargos municipales

Dos empresarios del ‘caso Guateque’ admiten haber pagado a intermediarios

A continuación, el testigo protegido aseguró que contrató a Sanz Escribano para tramitar las licencias de sus locales por recomendación de la funcionaria municipal, Sara López, y aseguró que nunca vio a Ceballos ni se cercioró de si el dinero era para él porque "no pensaba entregarlo". "Sanz Escribano nunca me pidió nada. Victoriano Ceballos era la persona que recibía el dinero por agilizar las licencias y estaba recaudando dinero para su jubilación de esta manera", explicó. 

El testigo tuvo algunas contradicciones en su declaración. No recordaba si había entregado la grabadora inmediatamente al terminar su encuentro con Sanz Escribano y admitió no reconocer su voz en los últimos minutos de grabación. 

Minutos después, declararon las que fueron auxiliares administrativas del departamento de evaluación ambiental. Ángeles de Andrés afirmó que Ceballos nunca le habló de dinero por la tramitación de licencias y la auxiliar definió al presunto cerebro de la trama como "muy dicharachero y charlatán". Además, De Andrés explicó que los expedientes se tramitaban en el departamento por riguroso orden de llegada y que se devolvían a la Junta si les faltaban documentos. Por su parte, Gloria Moreno dijo no haber oído nada acerca de dinero a cambio de licencias por parte de Victoriano Ceballos. 

Tras un breve receso, declaró la exdirectora de Impacto Ambiental, Ester del Olmo. La testigo se limitó a asegurar que nunca había oído a Ceballos ni a terceros hablar de dinero a cambio de licencias. Por último, declaró el expresidente de la clínica Ruber, Javier Bergaz, El testigo aseguró que en la clínica en el momento de los hechos "había muchas cosas que regularizar" pero que nunca tuvieron problemas con las licencias. "Me suena a chino", afirmó Bergaz cuando fue interrogado sobre si alguien le habló de pagar 30 millones de pesetas por la regularización del edificio hace casi una década. A su vez, se desentendió de los pagos a funcionarios por medio de su empresa ya que alegó que los habría tenido que firmar él mismo.