El Govern da luz verde a una agencia del medicamento propia

La Generalitat dio este martes luz verde a una de sus estructuras de estado más ambiciosas en materia sanitaria: la creación de una agencia del medicamento propia que, ante una eventual independencia, esté lista para asumir las competencias de su homóloga estatal. Esto es, decidir qué fármacos son financiados por el sistema público y fijar sus precios.

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El Consejo Ejecutivo aprobó ayer la memoria preliminar del anteproyecto de ley para crear la agencia, el primer paso para implantar un organismo autónomo dentro de la Generalitat que gestione todas las competencias en materia de medicamentos y productos sanitarios. “Estamos preparados para tener una agencia que sea capaz de unificar todo el ciclo del medicamento en una sola institución”, dijo el consejero de Salud, Toni Comín.

Por lo pronto, la ley de creación de la agencia simplemente significará “un cambio administrativo”. Comín se curó en salud y aseguró que la normativa se adecuará al escenario actual, sin invadir competencias estatales que puedan poner en peligro el recorrido de la ley. “Esta ley nace en el marco competencial actual. No asumimos ninguna competencia de la agencia española ni de la europea”, puntualizó. Así, el consejero apuntó que, en un escenario autonómico, las funciones de la Agencia Catalana del Medicamento se limitarán a fomentar el uso racional y eficiente del medicamento, a diseñar las políticas farmacéuticas de compra y los sistemas de acceso a medicamentos entre los distintos centros sanitarios, y a garantizar el acceso a los fármacos, entre otras actuaciones. “Hoy hablamos de una reorganización administrativa: lo que hoy está disperso en varias unidades de la administración pública, queda integrado e un organismo autónomo”, explicó.

Más competencias futuras

Con todo, Comín abrió la puerta a asumir más competencias en un futuro, aunque no especificó si la agencia catalana se limitará a asumir las funciones de la española —decidir qué medicamentos son financiados por el sistema público y fijar sus precios— o también se hará cargo de las funciones que ahora tiene la Agencia Europea del Medicamento, como autorizar o rechazar la comercialización de los fármacos. “La ley se construye en el marco competencial pero de forma que en un futuro, si es necesario, podamos asumir todo el ciclo del medicamento”, matizó. La Agencia Catalana del Medicamento era una promesa electoral de Junts Pel Sí e incluso se incluyó en el Plan de Salud 2016-2020, la hoja de ruta que marca las políticas sanitarias de los próximos años.

El consejero también aludió a que el sector farmacéutico, con un peso importante en Cataluña, “prefiere tener un interlocutor robusto”. “El hecho de tener un interlocutor les facilita y les da seguridad en su trato con la Administración. Además, la tarea de inspección sobre esta industria requiere un grado de especialización y conocimiento que, en términos de eficiencia y ahorro de recursos, es conveniente que se realice desde una única unidad”, justificó el Ejecutivo catalán.

Con todo, al Govern todavía le quedan pendientes otras estructuras de estado. Falta también por articular cómo asumirá la Generalitat competencias plenas en la ordenación de profesiones sanitarias (formación de pregrado y posgrado), en salud pública internacional (funciones de diplomacia sanitaria) y en la cartera de servicios (para decidir qué procesos sanitarios son financiados con fondos públicos y cuáles no).