Paralizado el concurso de la electricidad de Barcelona

El Tribunal de Contratos del Sector Público de la Generalitat admitió ayer a trámite las alegaciones de Endesa y Gas Natural Fenosa al concurso público del suministro eléctrico del Ayuntamiento de Barcelona. Las dos grandes empresas no se presentaron porque entienden que las exigencias acerca de sus responsabilidades sobre la pobreza energética son discriminatorias. Endesa había solicitado además la suspensión cautelar, con lo cual la adjudicación queda congelada hasta que no se dirima el fondo de la cuestión. El Consistorio pidió que se pueda reactivar el proceso adjudicatario.

En juego está el concurso del suministro eléctrico del Ayuntamiento, un contrato dividido en tres lotes que suman un total de 65 millones de euros. El más grande (54 millones) corresponde al alumbrado y suministro de los edificios donde hay dependencias municipales, al que solo se ha presentado la eléctrica Nexus. Otro lote es para otros equipamientos y el último para los inmuebles que producen energía, como las placas fotovoltaicas del Fòrum. Se trataría de la primera vez en que dos de las mayores suministradoras no se hicieran con el contrato de la mayor ciudad catalana, para el que sí optaron otras empresas más pequeñas como Holaluz, Som Energia, Aura o Factor Energia.

“El Tribunal nos ha comunicado la aceptación de las medidas cautelares. Presentaremos alegaciones y pediremos que se retire la suspensión y que se entre a valorar el contenido”, respondió un portavoz del Ayuntamiento tras conocer la decisión del ente autonómico.

Un mensaje parco si se compara con la efusividad expresada por los regidores del Ayuntamiento y la propia alcaldesa Ada Colau a través de las redes sociales. “Lo dijimos: hay que cumplir la ley. Barcelona no quiere trabajar con eléctricas que no asuman cláusulas contra la pobreza energética”, escribió la alcaldesa. Si la no presentación al concurso de lo que el equipo municipal llama “el oligopolio eléctrico” fue recibida el lunes como una victoria en el gobierno de la ciudad; la paralización del concurso es leída también como una victoria en las eléctricas. Sin embargo, desde el Consistorio están convencidos que el Tribunal les dará la razón.

A las compañías, por su parte, la admisión a trámite de sus recursos les llegó como un balón de oxígeno. Tanto Gas Natural como Endesa temen que las exigencias en materia de pobreza energética dentro de los contratos de suministro se extiendan a otros municipios. Barcelona pretendía, entre otras cosas, que la empresa adjudicataria pagara el 50% de la factura de la pobreza energética, incluyendo el recibo de las familias que no podían pagarlos por su situación vulnerable.

El martes, ayuntamientos como los de L’Hospitalet o Badalona aseguraron que pensaban seguir la senda mostrada por Barcelona y exigir también en sus futuros contratos que las eléctricas se corresponsabilicen de los costes de la pobreza energética. Otros como Santa Coloma, Terrassa o Sabadell lo estudiarán.

Endesa y Gas Natural habían presentado las alegaciones pero la primera también había solicitado la suspensión cautelar del concurso. Endesa es la actual adjudicataria del suministro y podría ver prorrogado el actual contrato si el Tribunal tarda mucho en tomar una decisión.

Fuentes de Endesa celebraron la decisión del tribunal: “Entendemos que si ha admitido a trámite la solicitud es porque ve indicios de que nuestras posturas jurídicas son razonables para clarificar la reglamentación en relación al bono social y la pobreza energética”. Desde Gas Natural insistieron en que las cláusulas implicaban un “cheque en blanco” al que no podían comprometerse.

Las cláusulas del concurso establecían que la empresa ganadora debería suscribir en un plazo de seis meses el convenio de colaboración contemplado en la ley catalana contra la pobreza energética “en base a la propuesta presentada por la Generalitat”. Las suministradoras, incluso las que no se presentaron por falta de interés estratégico en el negocio, aseguran que recibieron la comunicación oficial de la propuesta de convenio de la Generalitat cuando el concurso ya estaba en marcha.