Los expertos cuestionan la viabilidad de la Hacienda catalana

Los planes de la Generalitat para sustituir unilateralmente a la Agencia Tributaria (AEAT) son prácticamente inviables. Académicos de derecho fiscal y tributario llegan a esta conclusión y plantean serias dudas sobre el optimismo del Gobierno catalán cuando asegura que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) estará lista para asumir el trabajo de la Hacienda española en una hipotética independencia. La ATC se encuentra bajo el foco mediático y judicial porque el Departamento de Economía está acelerando su desarrollo y por la presión que ha generado el caso Vidal. El exsenador reiteró públicamente que la Generalitat estaba obteniendo ilegalmente datos fiscales de los contribuyentes para que la ATC pueda sustituir a la AEAT en “el día uno de la independencia”.

Antònia Agulló, catedrática de la Universidad Pompeu Fabra y profesora de Derecho Financiero y Tributario, ve grandes inconvenientes para construir una alternativa a la AEAT: “Una cosa es tener una plataforma tecnológica, otra es obtener una base de datos y otra es tener el sistema informático para cobrar impuestos, y sin la colaboración de los bancos. Esto, en mi opinión, es excesivamente imaginativo. ¿Cómo? ¿Por PayPal? ¿Y cómo se realizan los embargos? Antes que la herramienta informática hay que tener los datos. Los datos de los tributos que gestiona la Generalitat no les da para gestionar los grandes tributos”.

El secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, sugirió en una conferencia en diciembre y el 8 de febrero en TV3 que recaudarán impuestos sin los bancos, a partir de plataformas digitales como PayPal. A la pregunta si es posible y legal elaborar una base de datos del historial fiscal de los contribuyentes al margen de la AEAT, Agulló responde negativamente: “Los datos que posee la AEAT, que proceden de fuentes diversas, y que cruza para gestionar los impuestos, son una información que ni es reproducible ni se puede obtener desde fuera. Conforman una base de datos única. Los datos están protegidos y pueden ser objeto de consulta controlada, no ilimitada y, desde luego, no reproducible ni manipulable”.

Maria Luisa Esteve, profesora de derecho financiero y tributario de la Universitat de Girona, precisa que la Generalitat solo puede cruzar datos para liquidar los impuestos propios y los cedidos: “Incluso cuando Oriol Junqueras dice que cruzan datos para perseguir el fraude fiscal, solo pueden perseguir el fraude de sus impuestos”. Esteve destaca que la principal actividad de la ATC no solo podría funcionar con la colaboración de las empresas, como ha explicado Salvadó: “No es solo las empresas, son todas las empresas, todos los bancos y todo el mundo quien debería colaborar”.

Esteve también considera que no puede imaginarse cómo puede funcionar la ATC sin la cooperación de las entidades financieras: “Si los bancos no colaboran, es inviable”. Josep Maria Duran Cabré, académico del Instituto de Economía de Barcelona, centro dependiente de la UB, tampoco ve alternativa al sistema bancario: “Desconozco las alternativas que pueden existir, pero sin los bancos, por nuestro sistema de autoliquidación, cobrar los tributos es sumamente difícil”. Duran se muestra cauto pero confirma, como Esteve, que la gestión masiva de los impuestos “requiere mucho tiempo y unos recursos humanos muy grandes”.

Salvadó detalló en diciembre que la Generalitat “está cruzando las 130 fuentes de información que nos han de permitir disponer en unos meses de una base de datos suficientemente solvente para afrontar el minuto 1 de la independencia”. Salvadó añadió a EL PAÍS que las 130 fuentes de información es un concepto de uso común en el mundo fiscal y que se refiere a datos como el catastro, la matriculación de vehículos, de aviones o los bienes en el extranjero, entre muchos otros. Duran dice no saber de dónde sale este concepto de las 130 fuentes de información. Agulló también admite no saber “qué se entiende en este caso por fuentes de información”. Esteve nunca había oído hablar de ello, “pero puede ser un término interno de las administraciones”.

Traspaso de datos

Salvadó explicó que la Generalitat tiene acceso por ley al domicilio fiscal de todos los catalanes a través del Censo Único de Contribuyentes del Estado. Agulló reitera que el acceso a este censo es “de consulta controlada, limitada, no reproducible y no manipulable”. “No puede hacerse una consulta masiva de este censo”, dice Esteve. José Antonio Fernández, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la UAB, resume que “la ley nos marca que las administraciones tributarias pueden exigir datos de los contribuyentes, pero estas no pueden ser comunicadas a otras administraciones o a terceros más que en los casos que establece la Ley General Tributaria y para fines tributarios, pues tienen carácter reservado y se obtienen para una finalidad concreta”.

Fernández incide en la Ley Orgánica de Protección de Datos y en la potestad de crear nuevas bases de datos: “La Administración puede crear un fichero con datos siempre que se cree publicando la correspondiente resolución en el BOE o en el DOGC y se contara con el consentimiento del administrado, excepto si los datos se obtienen para ejercer competencias propias”.

Duran, Agulló y Esteve coinciden en que no es posible gestionar impuestos como el IVA, de Sociedades o el impuesto de la renta (IRPF) sin el traspaso de datos del gobierno. Esteve subraya que la Generalitat no puede empezar casi de cero y que es fundamental contar con el historial de datos recogidos por la AEAT durante décadas: “Por lo que leo y entiendo, porque no lo aclaran bien, el 1 de septiembre pondrán en marcha una plataforma para gestionar los tributos más potentes, que ahora gestiona en exclusiva la Agencia española. Para hacerlo no solo necesitas el soporte tecnológico y administrativo necesario, que ya es muchísimo, requiere además un montón de datos impresionante, más de 30 años de datos de todo tipo de los contribuyentes”.