Ofensa al Tribunal

Hace tiempo dije que “desde cualquier vertiente que se examine, el la consulta del 9-N es incompatible con las exigencias de un Estado Democrático de Derecho”. Semanas después se iniciaron acciones penales contra sus responsables políticos por diversos delitos, que fueron resueltas en el Tribunal Superior de Justicia por seis magistrados de acreditada competencia y amplio espectro ideológico (uno de ellos había sido elegido por el Parlament a propuesta de CiU). El Tribunal dictó un auto en el que razonadamente admitía a trámite las denuncias y querellas presentadas limitándolas, en principio, al delito de desobediencia grave a la autoridad, representada por el Tribunal Constitucional, que el 4 de noviembre había suspendido la convocatoria de la consulta y de todos los actos derivados de la misma.

Podrá discutirse o no si el tiempo transcurrido desde la apertura de la causa ha sido excesivo, lo que en modo alguno afecta al núcleo de los hechos que la han motivado. Pero, lo que en ningún caso es admisible es que el Gobierno catalán haya tenido un comportamiento de ofensa y menosprecio hacia el Tribunal. Calificar las citaciones de “juicio político” y “anomalía democrática” supone tachar al Tribunal de prevaricador en la medida en que se le atribuye una motivación y finalidad espuria, de inspiración política. Era y sigue siendo una acusación vejatoria y mucho más si procede de dirigentes políticos que utilizan torcidamente su legitimidad democrática para defender intereses personales y buscar la impunidad. Actúan como una “casta” política que descalifica al Poder Judicial sabiendo que este tendrá que soportar el ultraje en silencio.

Ello supone una quiebra de la democracia por parte de unos líderes que pretenden hacer olvidar de este modo a sus fieles seguidores el amplio historial delictivo que tienen. CDC, ahora PDECAT, está pendiente de un juicio oral por el expolio del Palau de la Música; tiene también juicios pendientes el que fuera alto dirigente de ese partido, Oriol Pujol; y el mismo fundador, Jordi Pujol Soley, está imputado, con varios miembros de su familia, en otro gran proceso, en principio, por fraude fiscal y blanqueo de capitales, todos ellos tratados, ciertamente, con una evidente benevolencia judicial. Y está también pendiente el juicio, más que fundado, contra la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por una desobediencia similar a la del ex presidente Artur Mas.

Pero un líder aclamado acríticamente y, como dijo Romeva —el izquierdista reconvertido— una “sociedad movilizada” y sumisa crean las condiciones para movimientos de signos parafascista. Expresión de ello han sido las concentraciones convocadas ante el Tribunal Superior, que pretenden repetirse el próximo 6 de febrero. Manifestaciones que han contado con la participación de entusiastas seguidores y, lo que es más irritante, del propio Gobierno. Con el pretexto de acompañar a los imputados, comparecieron y ahora volverán a hacerlo ante las puertas del Tribunal en un clima evidentemente coactivo, dado el tono airado y amenazante de los concentrados, lo que constituye un gravísimo abuso de poder y un intento de presionar a los magistrados.

Parece que Catalunya se empeña en repetir comportamientos como el de Jordi Pujol, cuando cínicamente invocó la ética ante la querella por el caso Banca Catalana. También ahora los manifestantes han gritado “fuera la justicia española”. Pero cabe preguntar —especialmente al juez Santiago Vidal—dónde estarán los jueces independientes que deberían juzgar los numerosos procesos por corrupción, presentes y futuros, en Catalunya.

Los dirigentes de CDC que tan airadamente rechazan la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tienen escasa memoria sobre la importancia que, cuando les conviene, atribuyen a los tribunales del Estado español. Cuando la Audiencia Nacional absolvió a todos los acusados que se manifestaron ante el Parlament en Junio de 2011, el Gobierno que ahora se enfrenta tan descaradamente al Tribunal Superior, se apresuró a recurrir ante el Tribunal Supremo, consiguiendo una condena injusta de prisión para ocho de los acusados. Un ejemplo, entre muchos, de la falta de principios éticos del actual Gobierno catalán. ¿En manos de quien está Catalunya? ¿Cuál es su futuro? El referendum que se proyecta no tiene ninguna base legal y sobre todo, no puede ser convocado por un Gobierno que carece de la objetividad, neutralidad e imparcialidad que son condiciones indispensables para llevarlo a cabo.

Carlos Jiménez Villarejo es miembro de Federalistes d'Esquerres