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El ‘caso Vidal’ y el juicio a Mas aceleran el plan de ruptura

El vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, reconoce la creación de una base de datos fiscales

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, saluda a una agente de los Mossos de Esquadra.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, saluda a una agente de los Mossos de Esquadra.

Las recientes declaraciones del exjuez —y ahora también exsenador de ERC— Santiago Vidal, en las que desvelaba que la Generalitat estaba cometiendo ilegalidades, y el inminente juicio a Artur Mas por la consulta del 9-N, que se inicia el próximo lunes, han acelerado el calendario de ruptura del independentismo. El vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, admitió ayer que está preparando una base de datos fiscales propios —que, en su opinión, está dentro de la ley—; y dejó la puerta abierta a que se adelante el referéndum previsto para septiembre si la justicia inhabilita a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Los tres partidos independentistas que hay en el Parlamento catalán —PDECat (la antigua Convergència), ERC y la CUP— están unidos por la aspiración de lograr la secesión, pero les separa el calendario para intentar alcanzarla. El anuncio de la CUP de que facilitará la aprobación de los Presupuestos es un bálsamo que garantiza la continuidad de la legislatura, pero que no despeja el incierto plan de ruptura ni la estrategia a seguir.

La investigación que ha abierto la fiscalía para esclarecer la veracidad de las declaraciones que realizó Santiago Vidal en varias conferencias en los últimos meses es un nuevo frente que no esperaba el soberanismo. A eso hay que sumar el juicio a Artur Mas que se inicia el próximo día 6 en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por organizar la consulta independentista del 9-N de 2014 a pesar del veto del Tribunal Constitucional. El expresident da por hecho que será inhabilitado junto a las consejeras de su Gobierno Joana Ortega e Irene Rigau, y desde hace semanas diversos sectores del independentismo reclaman “una respuesta clara” si se confirma esa previsión.

En las próximas semanas también es más que probable que se abra el juicio oral contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por desobedecer presuntamente al Tribunal Constitucional al permitir que se votara en la Cámara una resolución con la hoja de ruta del plan de ruptura. Ante la posibilidad de que se produzca ese juicio y una eventual condena de inhabilitación antes del verano, Junqueras se mostró ayer muy claro en RAC1: “Si quieren inhabilitarla [a Forcadell], alguna respuesta deberemos dar, porque es algo que no se entiende en ningún país democrático”, dijo.

Una de las opciones en ese escenario sería adelantar la convocatoria del referéndum de independencia que el president Carles Puigdemont prometió para finales de septiembre a más tardar —aunque deriva de una resolución que el Constitucional ya ha suspendido—, pero las fuerzas independentistas discrepan de si ha de ser así. La CUP señaló ayer que la “tensión” provocada por esos casos judiciales puede llegar a ser insoportable y justificaría el adelanto porque Cataluña no se puede “permitir el lujo” de que vayan juzgando “instituciones”, según Quim Arrufat, portavoz de la formación anticapitalista.

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, explicó al acabar la reunión semanal de la dirección del partido que “nada ha cambiado”, aunque a renglón seguido precisó que “se pueden dar las circunstancias que hagan inviable mantener la fecha” del referéndum. La intención de la Generalitat, dijo, es “tenerlo todo a punto cuanto antes por lo que pueda suceder y poderlo convocar”.

Por el contrario, el Partit Demòcrata (PDECat) se negó a entrar en el debate y alegó que la convocatoria del referéndum es una decisión que corresponde al Gobierno catalán. La antigua Convergència, en pleno proceso de refundación, es la fuerza menos interesada en adelantar la consulta, a la espera de acabar de articular su discurso ideológico.

Base de datos fiscales

Oriol Junqueras desmintió ayer las declaraciones de Santiago Vidal. El líder de ERC admitió que la Generalitat prepara sus propias bases de datos fiscales a partir de la información de que dispone y de otras que ha conseguido, pero aseguró que esa actuación se ajusta a la legalidad. El vicepresidente afirmó que el objetivo es asumir la gestión de “los impuestos masivos”, en referencia al IRPF o el IVA.

La ley de protección de datos prohíbe el uso de datos para fines distintos a los estipulados sin autorización de los ciudadanos. Un portavoz del Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat reiteró que todos los datos fiscales que tiene la Agencia Tributaria de Cataluña se han obtenido a través del Ministerio de Hacienda y de acuerdo a los tributos propios y cedidos que recauda el organismo.