Carmena se gasta 104 millones en un edificio con una tasación hecha en Idealista

El Ayuntamiento defiende que con esta adquisición se ahorra 20 millones de alquiler en los próximos tres años

Edificio adquirido por el Ayuntamiento en Alcalá, 45.
Edificio adquirido por el Ayuntamiento en Alcalá, 45.jaime villanueva

El equipo de Ahora Madrid, dirigido por la alcaldesa Manuela Carmena, compró en diciembre un edificio en la calle de Alcalá, 45 por 104 millones de euros tras realizar una tasación del inmueble en la que usó únicamente datos del portal web Idealista, sin una auditoría externa. La compra se cerró pocos días antes del término de su primer año natural de gobierno, y el dinero se recaudó de inversiones no ejecutadas (fondos al empleo y cultura y mejoras del patrimonio municipal) que hubieran ido a amortizar la deuda. El Consistorio decidió proceder por compra directa, sin convocar un concurso público. El Ayuntamiento defiende que con esta adquisición se ahorra 20 millones de alquiler en los próximos tres años.

Con el fin de proceder a la compra, el Ayuntamiento encargó a los técnicos municipales elaborar un informe sobre el valor de mercado del bien. En este documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se comparan seis muestras de oficinas recogidas en el portal web de compraventa de pisos Idealista, sin aportar una valoración de rentabilidad del edificio ni compararlo con otros semejantes por tamaño y valor global, tal y como se pide en estos casos.

La ficha recogidas en el portal web del Idealista --cuyas fotos se incrustaron en el documento municipal-- incluyen muestras de inmuebles valorados entre 6 y 27 millones de euros, y de un tamaño que no superaba los 5.000 metros cuadrados, muy por debajo de los 21.000 del edificio de la calle de Alcalá. Expertos del sector, que prefieren mantener el anonimato, señalan la baja calidad del informe encargado por el concejal de Economía, Sánchez Mato. Califican el texto de “copia y pega” de datos buscados “en pocas horas”, y añaden: “Jamás podríamos vender a nuestros clientes un informe parecido”.

El equipo de Ahora Madrid, liderado por Manuela Carmena, además de no encargar una auditoria externa, decidió evitar el concurso público en el que otros propietarios hubieran podido dar a conocer su oferta. Fuentes del servicio jurídico de la administración pública consideran que una compra de un edificio de estas características debería haberse ejecutado por concurso público y que la memoria de la operación es incompleta, poco detallada y fruto de una redacción “apresurada”.

561 partidas de inversiones anuladas

El 19 de diciembre, para cerrar la compra, el Ayuntamiento dio de baja de los presupuestos municipales del año pasado 561 partidas que no habían sido ejecutadas. De esta anulación de proyectos, el Ayuntamiento recaudó 97 millones de euros destinados a un fondo denominado de "imprevistos".

Entre los proyectos que se dieron de baja estaban más de 8 millones para reformas y construcción de edificios municipales; 2,6 millones para parques y zonas verdes; 2 millones para la agencia para el Empleo, 600.000 euros en convenios para el servicios educativo, 510.000 para actividades culturales, además de centenares de miles de euros en partidas varias, como mobiliarios, vestuarios prensa, productos sanitarios, etc.

Este dinero, de no haber sido gastado antes de enero, habría acabado de forma automática al pago adelantado de la deuda municipal, incrementando los niveles de amortización récord que está marcando el ejecutivo municipal de Ahora Madrid, la confluencia de fuerzas que orbita alrededor de Podemos y que gobierna la capital desde 2015.

La cronología de la compra destaca que en fecha 14 de diciembre de 2016 el Ayuntamiento recibió la oferta vinculante de Merlin de 104 millones, y que en ese mismo día publicó el informe de tasación del edificio realizado a través de datos del Idealista, cuyo resultado dio un valor de 105 millones. Siete días después, se anunció la adquisición. El concurso público hubiera obligado a tramitar la compra en un plazo superior.

El Ayuntamiento se planteó adquirir el edificio de la calle de Alcalá, 45 en el pasado mes de octubre, cuando la socimi Merlin, una sociedad vinculada a fondos de inversión del sector inmobiliario, se hizo con el inmueble tras la fusión con Testa. Este edificio, sede del Área de Economía del Consistorio dirigida por el concejal Carlos Sánchez Mato (Ahora Madrid), fue cedido por el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón (PP) en 2004 por 99 millones, obligando al Ayuntamiento a pagar 6 millones anuales de alquiler hasta 2019.

El Consistorio defiende que en el “proceso” de compra “no existió ningún tipo de precipitación”, aunque se “alegran” de que se pudiera cerrar en diciembre de 2016 y no después. Sostienen que el contrato firmado por Gallardón estaba “blindado” y no permitía renegociar las condiciones de arrendamiento con la socimi Merlin. También alegan que no recurrieron a concurso abierto “porque es perfectamente legal que una administración pública que está de alquiler en un edificio ejerza el derecho de tanteo como ha ocurrido en este caso”.

Para sufragar su decisión, el equipo de Carmena tuvo que acogerse a una de las excepcionalidades recogidas en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas (el Ayuntamiento no menciona al Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, que obliga a convocar un concurso público). Tuvo que alegar la existencia de una “especial idoneidad del bien”, que el equipo de Carmena hizo coincidir con la ubicación céntrica del inmueble, “fácilmente accesible por medio del transporte público para todos los ciudadanos”; su cercanía con Cibeles, sede del Ayuntamiento, y el barrio, “con fuerte implantación administrativa”.

En la memoria del Consistorio, sin embargo, ningún argumento está sufragado por datos o estudios de campo: no existe una comparativa con otras zonas de la ciudad; falta una documentación de la afluencia de ciudadanos como para que se pueda considerar prioritario comprar este edificio y no otros, e incluso se considera un problema renegociar el contrato con Merlin, cuando un nuevo acuerdo hubiera permitido adecuar el precio del alquiler al valor del mercado.

La oposición denuncia que el Ayuntamiento compró este inmueble “deprisa” para “maquillar” la baja ejecución presupuestaria del gobierno de Carmena. Creen que el informe de tasación se elaboró con el único objetivo de cerrar la adquisición antes de que finalizara el año y por ello no demostró adecuadamente la conveniencia de la operación. Íñigo Henríquez de Luna, concejal de la formación liderada por Esperanza Aguirre (PP) califica la operación de “chapuza” y critica que Carmena no bloqueó la adquisición. “Vamos a exigir responsabilidades hasta el final en esta compra exprés que se ha realizado con fotocopias de un portal inmobiliario y sin ningún informe técnico exhaustivo”.

Desde Ciudadanos, Miguel Ángel Redondo, responsable económico de la formación liderada en el Ayuntamiento por Begoña Villacís, asegura que su grupo exigirá una auditoria de la compra. “Han comprado un edificio por 104 millones en cuestión de días basando su asesoría y negociación únicamente en ofertas sacadas de Internet”, explican desde Ciudadanos, asegurando que el procedimiento empleado para redactar la tasación del inmueble no puede haber durado más de una mañana.

El Ayuntamiento niega que este fuera su fin. Sostiene que la compra no se llevó a cabo para evitar que el dinero de los proyectos no ejecutados (fondos para cultura, empleo y obras, entre otras cosas) acabara en amortización adelantada de la deuda, sino para reducir el montante de alquiler del Consistorio.

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