Torres de la Alameda intenta esquivar el fallo que le obliga a despedir a nueve policías
La justicia ha anulado las oposiciones de 2008 por irregularidades en el examen teórico
La justicia anuló hace algo más de dos meses la oposición a policía local celebrada en 2008 en Torres de la Alameda: la prueba teórica era calcada al test de una academia en la que se prepararon varios aspirantes. Pero el Ayuntamiento —dirigido hoy por el PSOE, que hace nueve años, desde la oposición, tachó el proceso de “vergonzoso”— ha pedido al juez la “inejecución” del fallo porque obliga a prescindir de nueve de los 16 policías que hoy patrullan este pueblo de 8.000 habitantes, situado al este de la región. Y esto supondría, dicen, un “grave perjuicio para la seguridad”.
El 18 de octubre de 2008, los aspirantes a una de las 10 plazas de policía local que ofrecía Torres de la Alameda se enfrentaron al examen teórico. De las 100 preguntas que componían la prueba, 96 coincidían, palabra por palabra, con las de un test elaborado por dos academias de una misma empresa. Varios de los opositores que consiguieron un puesto se habían preparado en alguna de ellas, así que algunos de los que se quedaron fuera protestaron.
El Ayuntamiento, entonces gobernado por un partido independiente apoyado por el PP, desestimó el recurso, pero el secretario del Consistorio, que había presidido el tribunal de oposición, dimitió porque consideraba que las cosas no se habían hecho bien. El PSOE, entonces en la oposición, hablaba en uno de los boletines que repartió por el pueblo de “gravísimas irregularidades”, y añadía: “¿Dónde están los valores de justicia e igualdad? ¿Qué pretenden el alcalde y su equipo? ¡Vergonzoso!”.
Pero han pasado muchos años y los nueve policías que consiguieron entonces su plaza (el décimo se trasladó a otro municipio) están perfectamente integrados en una plantilla de 16 agentes que ha ayudado a rebajar un 10% los delitos en el municipio entre 2014 y 2015, según el escrito que ha presentado el Consistorio en los juzgados.
La petición de inejecución de la sentencia la han apoyado por unanimidad todos los partidos de la corporación municipal: PSOE, PP, Somos Torres y Ciudadanos. Sin esos nueve policías —que perderían al menos durante los meses que tardase en repetirse la oposición— “mermaría considerablemente la capacidad para mantener los índices [de seguridad] conseguidos”, añade el escrito municipal.
Cuatro aspirantes
Pero los cuatro aspirantes que denunciaron hace casi nueve años hablan de rabia y de injusticia. “Ha sido bastante duro, la verdad. No me gusta que se rían de mí”, se queja Manuel Martínez, de 34 años. A punto de ser padre, cuenta que en su trabajo en un almacén cobra más o menos la mitad de lo que ganaría si hubiera entrado a las Brigadas Especiales de Seguridad (BESCAM), que es el cuerpo a través del cual Torres puso en marcha su policía local.
Al principio, simplemente querían que se repitiera la prueba para poder competir en igualdad de condiciones, pero ahora, tanto tiempo después, saben que eso es muy difícil. Sus abogados explican que estarían dispuestos a negociar una indemnización, que han calculado en algo más de 200.000 euros para cada afectado en concepto del dinero que podrían haber cobrado y de compensación por todos estos años de pelea.
Sin embargo, añaden los abogados de los recurrentes, el Ayuntamiento ha descartado negociar y ha optado por la vía de la inejecución. Argumentan que, si tanto perjuicio causaría cumplir el fallo, que indemnicen; y que si no tienen dinero para hacerlo, no es culpa de sus clientes, a los que la justicia ha dado la razón.
Además, frente a los posibles aprietos económicos de este municipio, que tiene una deuda de tres millones de euros, los abogados recuerdan el proyecto anunciado por la empresa estadounidense The Cordish, que prevé invertir 2.000 millones de euros para construir en la localidad un macrocomplejo de hoteles y ocio.
El precedente de la nave de Renault
El Ayuntamiento de Torres de la Alameda ya consiguió el año pasado que no se aplicara una sentencia firme que le condenaba a derribar, después de 10 años de litigio, una nave de Renault por irregularidades en los permisos urbanísticos. El Consistorio protestó por el daño que habría causado el derribo a la economía local y a las familias de los 150 trabajadores del complejo. Así, sus esfuerzos y los del Gobierno regional consiguieron que el Tribunal Superior de Madrid considerara válidas las modificaciones urbanísticas hechas a posteriori y dijera que no hacía falta demoler.
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