La CUP antepone el referéndum a la fiscalidad y aprobará los Presupuestos
Los anticapitalistas, divididos, avalan las cuentas pese a no lograr cambiar el IRPF, Sucesiones y Patrimonio
El Gobierno catalán podrá aprobar sus Presupuestos y mantener viva la legislatura. El consejo político de la CUP decidió ayer darle su apoyo en una dividida votación en la que se puso de manifiesto que, pese al sí, la izquierda anticapitalista censura las partidas sociales de las cuentas —incluida la negativa a hacer más progresiva la recaudación fiscal— y antepone en su decisión la celebración del referéndum. Lamenta que el Ejecutivo de Carles Puigdemont no se ha esforzado en quitar recursos a las clases más pudientes para redistribuirlos entre los más pobres, pero prioriza la consulta. Si no se celebra en septiembre, forzará elecciones. Y avisa al Gobierno central de que el proceso independentista no se colapsa desde dentro.
El resultado de la votación celebrada ayer constata las diferencias en el partido. 39 representantes optaban por dar vía libre a las cuentas, mientras que 22 se opusieron y otros dos se abstuvieron. La negativa del Gobierno a modificar al alza los impuestos de la renta, de Sucesiones y de Patrimonio a las rentas más altas —tal y como demandaba la CUP— fue uno de los temas tratados con mayor profusión en la reunión. También fueron sintomáticas las explicaciones posteriores ante los periodistas. Antes de confirmar que facilitarían la aprobación definitiva, la diputada Eulàlia Reguant y el portavoz Quim Arrufat estuvieron más de 15 minutos exponiendo motivos para tumbar las cuentas.
Puigdemont: “La independencia seguirá adelante”
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dijo ayer que el ‘sí’ a los Presupuestos de la CUP en un espaldarazo para el proceso independentista, que “podrá seguir adelante”. Carlos Carrizosa (Ciudadanos) anunció que su formación llevará las cuentas al Tribunal de Garantías Estatutarias. “Se han creído esta historia de o referéndum o referéndum y lo cierto es que tendremos elecciones o elecciones”, criticó Miquel Iceta, primer secretario del PSC.
Pero no será así y Carles Puigdemont podrá superar el trámite parlamentario. Será su primera gran victoria en el año que lleva como presidente de la Generalitat. En el pleno en el que se aprueben, su grupo de Junts pel Sí contará con dos diputados de la CUP para sumar los 68 diputados que requiere la mayoría absoluta en la Cámara catalana. Los otros ocho escaños anticapitalistas se decantarán por la abstención. Será la forma de expresar que la CUP no considera propios unos Presupuestos que olvidan “las políticas valientes que necesita el país” y de subrayar que se trata de “un sí condicional” sin ningún otro objetivo que la celebración del referéndum independentista. En septiembre, si Puigdemont no cumple su palabra de convocar la consulta, la izquierda anticapitalista lo hará caer forzando unas nuevas elecciones autonómicas.
Ni Reguant ni Arrufat concretaron cómo ejecutarán esa amenaza, pero sí clamaron un “basta de chantajes”. Y se referían también al presidente de la Generalitat, quien blandía un adelanto electoral y el fin del actual proceso independentista si la CUP no se avenía a aprobar las cuentas. Con todo, esas amenazas del presidente catalán han surtido efecto, aunque la decisión de la CUP no presupone una mayor estabilidad para su Ejecutivo, que tendrá que gestionar su titubeante relación con la CUP a diario.
De la votación de ayer surge una nueva demanda de los anticapitalistas. Que el Gobierno tenga listos en mayo los mecanismos para convocar el referéndum por si es necesario adelantar su convocatoria —en caso de inhabilitaciones de políticos— y que ponga en marcha el proceso constituyente, el mecanismo que ha de ser el origen de la virtual Constitución de una futura república catalana en caso de que el sí gane en el referéndum.
Presión a Gobierno catalán
Desde la CUP interpretan que con su “sí condicional” se pone toda la presión al Gobierno catalán. Pero no olvidan el hecho de que se les haya negado su reivindicación de conseguir un sistema fiscal más redistributivo ni que el Ejecutivo haya avanzado en plena negociación presupuestaria en el desarrollo de BCN World, el recinto con macrocasinos en Tarragona al que se oponen alérgicamente. De la negociación los anticapitalistas se llevan algún impuesto, como el que gravará los bienes de lujo a nombre de empresas que son usados por particulares, y los gestos de Junts pel Sí a los profesionales de la enseñanza —la contratación de 3.500 profesores más de los que estaban previstos— y una partida de 45 millones para poner en marcha la renta garantizada de ciudadanía. No obstante, Reguant censuró ayer que, en su mayoría, los Presupuestos que permitirán aprobar calca “la política de privatizaciones y de déficit que hacía el autonomismo de Convergència”.
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