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El índice de alquileres abre una ‘guerra fría’ entre Colau y Borràs

El Consistorio y la Generalitat crean órganos solapados para diseñar las medidas

Camilo S. Baquero
Ada Colau y Carles Puigdemont
Ada Colau y Carles PuigdemontREUTERS

Hay ocasiones en que las Administraciones pueden parecer estar más pendientes de ponerse medallas que de preocuparse por los problemas de los ciudadanos. Este es el caso del índice de alquileres con el que se pretenden controlar los precios abusivos. El Consistorio barcelonés y la Generalitat llevan meses enfrascados en una guerra fría por llevar la batuta de, por el momento, la única medida concreta y aprobada para intentar poner freno a la escalada de los precios de alquiler, especialmente en la capital catalana.

Así como en el tema de la lucha contra la pobreza energética la alcaldesa Ada Colau ha actuado con más celeridad que el Gobierno catalán, en el caso de los alquileres el Departamento de Gobernación que preside Meritxell Borràs ha ganado la batalla del tempo político.

Colau fue la primera en poner en el debate público el recalentamiento en los precios de alquiler y la necesidad de poner un tope. Gobernación, que tiene competencias en vivienda, terminó por incluir este debate dentro de un grupo de estudio sobre alquiler que inicialmente tenía otro espíritu: crear una ley catalana de arrendamientos urbanos. En las sesiones, además de académicos y los actores del sector, participó el propio Ayuntamiento y el Observatorio Desc. De las reflexiones de este grupo salió la idea del indicador de referencia para los alquileres abusivos y la posibilidad de dar bonificaciones o penalizaciones fiscales.

“Trabajamos por un único indicador”

Pese a las evidencias de que hay una pugna, el Ayuntamiento de Barcelona intentó ayer quitar hierro a la polémica sobre sus diferencias con la Generalitat respecto al control del precio de alquileres. “El equipo ha trabajado siempre en la idea de que haya un solo indicador que sea generado por las dos Administraciones”, aclaró ayer Javier Burón, el gerente de vivienda del consorcio que el Consistorio comparte con la Generalitat. El Josep Maria Montaner aceptó que “hay algunos matices de procedimiento y metodología” e insistió en la necesidad de reconocer la singularidad de Barcelona que contempla la Carta de la ciudad.

Borràs anunció el decreto que crearía el índice la semana pasada, en un plazo de dos meses. Al día siguiente, Colau, en un post de Facebook, afeó la tardanza de Vivienda. “Por fin, un año más tarde [que la alcaldesa planteara el problema] la Generalitat anuncia que se plantea algún tipo de regulación de los alquileres. Es urgente que se concrete en en hechos”, escribió Colau.

La consejera no dudó en responderle en la misma red social: “El Derecho a la Vivienda no es un asunto de quién dice qué antes sino de buscar soluciones efectivas y sin improvisar. Hay que estudiarlo bien”.

En Gobernación llamó la atención que el pasado martes el Ayuntamiento convocara una reunión para “trabajar en la elaboración de un índice de precios”. Si bien participó el Observatorio Metropolitano de la Vivienda, donde está la Generalitat, la Secretaría de Vivienda no recibió noticias del encuentro, explican. Fuentes de la Generalitat aseguran que a otras entidades sí se les solicitó su participación, puenteando así al entorno de Borràs.

La relación de Colau con la antigua Convergència no ha sido fácil. De hecho, en el entorno de Borràs no sentó bien que el grupo municipal de CiU pactara con la alcaldesa el plan de vivienda de la ciudad. Colau siempre ha puesto en valor sus pactos con los consejeros de Esquerra, como Oriol Junqueras, Carles Mundó o Toni Comín.

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Sobre la firma

Camilo S. Baquero
Reportero de la sección de Nacional, con la política catalana en el punto de mira. Antes de aterrizar en Barcelona había trabajado en diario El Tiempo (Bogotá). Estudió Comunicación Social - Periodismo en la Universidad de Antioquia y es exalumno de la Escuela UAM-EL PAÍS.

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