Una exfuncionaria del ‘caso Guateque’ se declara culpable y admite un soborno de 2.500 euros

Durante su breve interrogatorio, Moreno fue preguntada sobre si aconsejó a Armando José Tejerina, propietario de la clínica Tejerina, contratar a Antonio Sanz Escribano para que se encargara de los trámites para la obtención de una licencia. "Sí señoría", dijo nerviosa. Además, la procesada añadió que cobró 2.500 euros por favorecer el avance de la licencia y que llamó, al menos, en un par de ocasiones a los responsables municipales de licencias. El fiscal también mencionó la ocasión en que Moreno le dijo a Sanz Escribano en 2007 que el proyecto que le habían encargado para un local en la calle de Julián Camarillo era viable. La exfuncionaria municipal  supuestamente se ofreció a agilizarle la licencia en aquella ocasión a cambio de una cantidad que nunca se concretó, algo que la procesada también reconoció que era cierto. 

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Carmelo García Sánchez, que fue funcionario en la Gerencia de Urbanismo hasta 2004, se declaró inocente y dijo no reconocer las conversaciones telefónicas de las que le hablaba el fiscal. El procesado se alteró cuando contó que durante su estancia en la cárcel estuvo amenazado de muerte. Según él, la razón fue que el juez Santiago Torres -que llevaba el caso- lo acusó de "chivato". "Algo que los medios publicaron en su momento y desmintieron días después", afirmo Carmelo García. "A mi me sacaron de la cárcel esposado para ir al Juzgado 32 a declarar frente al juez Torres. Él me preguntó si le había entregado tres millones al funcionario Fernando Ruiz y dije que sí.Yo estaba acojonado y si me dicen que maté a mi madre también hubiera dicho que sí", confesó.

Además, el fiscal leyó varias conversaciones que supuestamente mantuvo Carmelo García con el exfuncionario del Ayuntamiento Fernando Ruiz Torrejón y el empresario Santiago Castillo sobre un proyecto en la Clínica Ruber (calle de Juan Bravo). Este centro contrató, siempre según el relato de los acusados, a la empresa AC93 para unas obras de climatización exterior. "A mí me interesa un requerimiento fuerte, no de amiguete", dijo García en una conversación telefónica con Ruiz Torrejón en referencia a la clínica. Ese dato fue desmentido por el propio procesado. "Jamás tuve esa conversación con Fernando y el número de móvil que figura tampoco es mío", explicó. A su vez, también defendió que nunca mantuvo una conversación con Santiago Castillo sobre la clínica. "Yo nunca hablo por teléfono", alegó.

García Sánchez también se desvinculó de las acusaciones sobre el edificio de Princesa 23 -la sede social de Seguros Ocaso-. El procesado dijo no haber pagado 6.000 euros al funcionario de la Concejalía de Urbanismo, Jose Antonio Jodar, para que sustrajera un expediente en el que figuraba una denegación de licencia para ese edificio en 2004. También negó relación alguna con el edificio de la calle de Tutor 8. Se le acusa de colaborar con Santiago Castillo para falsificar las licencias de varias plantas. "Se lo vuelvo a repetir señor fiscal, no conozco a nadie ni he intervenido en nada de Tutor", afirmó con rotundidad. 

Durante la sesión también se sentó en la silla de interrogatorios Jesús Vicente García Martín, que colaboró en diversos proyectos con Sanz Escribano en lo referente a la licencia de obras. La fiscalía le acusa de ponerse de acuerdo con Escribano para pagarle 15.000 euros a Victoriano Ceballos -presunto cabecilla de la trama- para que emitiera un informe favorable para un local en la calle de Santa Brígida, 5 (el antiguo teatro Martín).

A García Martín también se le preguntó por una conversación de 2007 en la que Escribano le decía "que ya estaba todo aclarado con Ceballos para poder agilizarlo". El acusado se defendió y dijo que era un mero transmisor y que nunca participó en las reuniones de Escribano con los funcionarios de medio ambiente sobre la licencia para el local. "Estoy educado en la honradez. Si hubiera escuchado algo irregular, no hubiera trabajado ni con Sanz ni con nadie", afirmó. Por último, García Martín añadió que no sabe por qué sigue imputado si no ha hecho nada, y que además sufre una enfermedad por la impotencia que le produce todo el caso -que comenzó hace casi 10 años-.

El juicio continuará el día 25 con la declaración del empresario inmobiliario Julián Felix Serrano; la funcionaria de Evaluación Ambiental y superior de Ceballos, Ángeles Díaz León, y la técnica jurídica de la Gerencia de Urbanismo, Carmen Eulalia Ibáñez.