El fundador de Intervida acusa al juez Garzón de “destruir” la ONG

Desde joven, Rafael Puertas supo hacer fortuna especulando en el mercado financiero. El dinero le permitió viajar por medio mundo y le llevó a descubrir situaciones de "pobreza extrema" que quiso combatir. Aplicando el modelo de gestión de la empresa, Puertas creó la que se convertiría en la mayor ONG privada de España: Intervida, basada en el apadrinamiento de niños. Pero la carrera humanitaria de Puertas se interrumpió bruscamente en 2007, cuando el juez Baltasar Garzón le acusó de apropiarse de 200 millones de euros de la entidad. Puertas fue exculpado cinco años más tarde. Hoy, casi una década después, ha pasado al contraataque: acusa a Garzón de haber "destruido" la ONG al permitir que, durante la instrucción judicial, se congelaran los fondos que los padrinos seguían aportando para ayudar a comunidades pobres de Guatemala, Bolivia o Perú.

Emocionado, Puertas ha relatado este miércoles el contenido de una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por estafa, apropiación indebida, tráfico de influencias, denegación de auxilio y encubrimiento de delitos. El fundador de Intervida señala a un total de 13 personas, incluidos el magistrado, la exconsejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña Montserrat Tura (PSC) y quienes fueron administradores judiciales de Intervida.

Propuestos por la Generalitat y amparados por Garzón, los administradores "cortaron inmediatamente el envío de fondos" a los países que debían recibirlos con el argumento de que éstos ya disponían de reservas suficientes. Puertas considera que no es así y que la retirada de las aportaciones dejó en la estacada a "cuatro millones de personas" en países del Tercer Mundo; especialmente, en Latinoamérica. La ONG se vio obligada a "cerrar los proyectos y dejar sin ayuda a millones de seres humanos", lo que "puso en riesgo la vida de niños" y ha provocado "la muerte de muchos de ellos", según la denuncia presentada ante la Fiscalía.

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Cuando Puertas fue detenido en 2007, Intervida recaudaba anualmente más de 90 millones de euros y contaba con más de 350.000 padrinos. Tras el escándalo, muchos de ellos se dieron de baja. Pero otros no. Según el fundador de Intervida, los administradores —con el amparo de Garzón— estafaron a los padrinos que siguieron rascándose el bolsillo. Les explicaron, siempre según la denuncia, que los proyectos seguían adelante, que sus cuotas "llegaban a destino" y que los niños y comunidades estaban "perfectamente atendidos". Puertas asegura que todo ello es falso porque algunos padrinos comprobaron, sobre el terreno, que los proyectos se habían cancelado.

Puertas y su abogado, Daniel Vosseler, han lamentado hoy el "calvario" que sufrió durante la investigación judicial de Garzón, que no disponía de "ninguna prueba" contra él y, a pesar de ello, siguió adelante. Pablo Ruz, que le sustituyó en la Audiencia Nacional, archivó la causa contra Puertas en 2012 al no apreciar indicios de delito. El hombre intentó entonces recuperar el control de Intervida, pero la Generalitat se hizo cargo de ella, lo que implicaba también el control sobre los 120 millones de euros en cuentas corrientes que tenía la entidad.

Cuando Puertas fue detenido en 2007, Intervida recaudaba anualmente más de 90 millones de euro

La denuncia también acusa a los administradores de apropiación indebida ya que considera que algunos de esos fondos se han destinado a fines ajenos a los contemplados por la ONG. Puertas señala prácticas de "nepotismo" y denuncia que la entidad ha empleado a amigos y familiares, y que han aumentado de forma espectacular los gastos externos o superfluos (como publicidad) y ajenos a los fines de Intervida. Pascual insiste en que los 120 millones debían invertirse en los proyectos financiados por los padrinos, pero ignora qué destino se le ha dado al dinero.

Pese a su profundo malestar por el "linchamiento mediático" que le provocó el escándalo Intervida, y aunque lamenta no poder retomar el control de la ONG, Puertas asegura que lo que más le irrita es "el daño humanitario" provocado por la gestión de la entidad. "Se han puesto en juego vidas humanas", insiste Puertas, que ve clara la responsabilidad del magistrado: "En todos esos años en que Garzón tomó la responsabilidad de la mayor ONG de España, nadie fue a ver si se estaban haciendo los proyectos".