Pontevedra envía a la Xunta un informe contra el aval ambiental a Ence

Cumpliendo uno de los trámites necesarios para concluir el expediente de renovación de la autorización ambiental integrada de Ence, la Xunta ha requerido al Ayuntamiento de Pontevedra, gobernado por el BNG, un informe sobre la pastera que en sus siete alegaciones resulta demoledor. Aunque el dictamen municipal no es vinculante para la resolución última del Ejecutivo autonómico, la administración local concluye que la celulosa incumple todos los parámetros jurídicos, urbanísticos o medioambientales y advierte que el contencioso municipal emprendido contra la prórroga parcial de 60 años concedida por el Gobierno de Rajoy paraliza de facto cualquier decisión administrativa sobre la fábrica.

La concejala de Urbanismo, Carme da Silva, ha insistido en que el recurso contencioso, que va en contra también de la resolución de caducidad parcial de los terrenos, dejaría fuera de la legalidad el complejo industrial de Lourizán. “Hemos pagado un precio muy alto todos estos años y lo que pretendemos es que al Grupo Ence se la trate como a los demás, sin privilegios de ningún tipo, porque los incumplimientos son apabullantes y para evitarlo llegaremos hasta donde sea necesario”, afirma la portavoz nacionalista.

El dictamen municipal considera que la concesión otorgada en materia de costas a la pastera está caducada, tal y como ha venido denunciando ante instancias judiciales, estatales y autonómicas. Recuerda, además, que a pesar de las advertencias de la UE, los vertidos industriales de Ence se realizan a través del mismo emisario urbano de Pontevedra, incumpliendo flagrantemente la directiva en tratamiento de aguas residuales.

Carme da Silva también subraya el hecho de que la concesión de ocupación de los 612.500 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre de la marisma de Lourizán fue concedida por una orden ministerial de la dictadura y que se incumplen las exigencias de la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) que establece el límite de 20 partículas por millón de emisiones asociadas al proceso empleado en la fabricación de pasta de papel.

“Solo en 2013, en las 24 mediciones realizadas de DBO, se sobrepasaron los límites en cinco de ellas”, apunta la portavoz municipal de Urbanismo de Pontevedra, en referencia a los datos que se recogen en el dictamen de los técnicos que se ha remitido a la Xunta.

En este apartado se incluye los hechos probados en la sentencia de noviembre de 2012 de la Audiencia de Pontevedra en la que “queda patente el incumplimiento de las condiciones atmosféricas”, prosigue el gobierno local. Después de varias referencias a las analíticas que acreditan parámetros de emisiones por encima de los límites de oxígeno, el fallo concluye que “en el informe de toxicología consta no haberse cuidado por parte de Ence la calidad del vertido, principalmente en lo que se refiere a sólidos en suspensión, que han empeorado la calidad de las aguas, superándose los niveles máximos autorizados durante los años anteriores a 1994”.

En cuanto a los parámetros urbanísticos que se incumplen, el Ayuntamiento hace también referencia a las dos normativas aprobadas por la Xunta, las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) y el Plan de Ordenación del Litoral (POL), que establecen las medidas que se deben adoptar para promover el traslado de la fábrica para poder recuperar los terrenos que ocupa después de 2018 y su incorporación al litoral gallego.

Por su parte, Ence ha destacado en un comunicado que su fábrica de Pontevedra cumple todos los parámetros exigidos por la Autorización Ambiental Integrada. La empresa esgrime un informe de inspección elaborado por la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio dentro del Programa de Inspección Ambiental 2016 en el que, según asegura Ence, se recogió un grado de cumplimiento total de todos los parámetros analizados.