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JxS y CUP se resignan a aprobar la primera estructura de Estado en solitario

Los independentistas avisan que no aceptarán ninguna enmienda que “desvirtúe el espíritu” de las leyes de desconexión

El hemiciclo del Parlament
El hemiciclo del Parlament

¿Hay que diseñar primero la carcasa o el contenido? Esta pregunta ha planeado los seis meses de tramitación de la Agencia Catalana de Protección Social (ACPS), la primera de las llamadas “estructuras de Estado” que Junts pel Sí (JxS) y CUP promueven en el Parlament. La semana pasada se publicaron las enmiendas de los grupos que participan en la ponencia —PP y Ciudadanos no lo hicieron por considerarla inconstitucional— y las posiciones están tan alejadas que las dos formaciones independentistas tirarán de su mayoría en la Cámara para aprobarla.

El PSC y Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP) decidieron participar en la discusión, pues consideran que, más allá del gen independentista de la norma, Cataluña necesita de un ente que aglutine la gestión de las prestaciones sociales en las que tiene competencias. La agencia ya figuraba en la Ley de Servicios Sociales catalana de 2007 y ambas formaciones habían pedido insistentemente su creación en los Gobierno de Artur Mas. Los socialistas y la coalición de izquierdas presentaron un texto alternativo conjunto que se divide en dos partes: por un lado, el rechazo al concepto de estructura de Estado y por el otro, mejoras en la gobernanza de la ACPS y la inclusión del mundo local.

“El objetivo del texto es claro: que se pueda dar respuestas a las necesidades actuales pero también estar preparados para el futuro”, explica el diputado de JxS Chakir el Homrani. Las dos formaciones independentistas insisten, sin embargo, que no aceptarán ninguna enmienda que “desvirtúe el espíritu” del mandato sobre las llamadas leyes de desconexión. “La lógica de esta agencia es autonómica pero la perspectiva es de construcción de un país independiente”, sostiene Mireia Vehí (CUP).

El ahora, que podría ser el punto de encuentro de ambos planteamientos, no sería suficiente para alcanzar un acuerdo. El celo con que se ha querido tramitar las leyes de desconexión para evitar posibles paralizaciones por parte del Gobierno central ha hecho que las discusiones pasen desapercibidas. “Esta es una comisión muy íntima para un tema tan público”, ironizó durante su comparecencia, en noviembre, el expresidente del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña, Josep Maria Rañé.

Joan Coscubiela (CSQP) afea que, por ejemplo, ni JxS ni la CUP hayan pedido ninguna comparecencia de expertos durante la tramitación. “No se está buscando hacer una ACPS sino intentando ver qué se está haciendo”, critica el diputado. Chakir el Homrani quita hierro a esa opción y asegura que se ha querido dar agilidad a la tramitación —que no se hace a través de comisión, como el resto de leyes— para tenerla lista lo más pronto posible. Se espera que llegue al pleno en marzo, tras el trámite de los Presupuestos.

Sin ayuntamientos

Los expertos que comparecieron en noviembre fueron muy críticos en general con la falta de implicación del mundo local en el texto presentado por los independentistas. Los servicios sociales son una competencia local y de ahí que desde el PSC y CSQP pidan un enfoque más territorial. La diputada socialista Eva Granados insiste en la necesidad de revisar el mapa de prestaciones sociales para simplificar o fusionar las ayudas, también pendiente desde la época de Mas. Un debate en el que también queda por verse el encaje de la Renta Garantizada.

En ningún país europeo las prestaciones por desempleo y las pensiones se gestionan por el mismo organismo de las pensiones”, recordó en las comparecencias Carmelo Palomero, director del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Barcelona. El texto de JxS y CUP va en una línea que, dice el experto, el Gobierno español se vio obligada a desmontar en 1980, cuando creo el INEM.

Rañé también recordó que hay muchas entidades privadas gestionando prestaciones públicas y que el proyecto de ley no entra en este tema a fondo. “La intención última de la ACPS es la creación de una Seguridad Social propia, aunque el texto no lo diga explícitamente. Si es así, nos deberíamos preguntar qué modelo de Seguridad Social queremos implementar”, criticó Palomero.

 

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