El Consell tramita la ley de seguridad pendiente desde el accidente de metro

La comisión parlamentaria de investigación del accidente del metro del 3 de julio de 2006, que se saldó con 43 muertos y 47 heridos, se cerró deprisa y corriendo el 11 de agosto de 2006 -apenas un mes después del siniestro- con el mandato expreso de elaborar y aprobar una ley autonómica para potenciar la seguridad en el transporte. Pero el entonces Gobierno autonómico, del PP -que perdió la Generalitat en 2015- nunca cumplió con el mandato de la comisión.

El Gobierno del Botànic -PSPV y Compromís, con el apoyo de Podem- ha dedicado el último año a la elaboración de un anteproyecto, que ha sido visto hoy viernes por el pleno del Consell. La ley autonómica creará la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria y una comisión de investigación de accidentes ferroviarios, y establece sanciones de hasta 380.000 euros en caso de infracción muy grave.

Así lo ha dado a conocer la consejera de Obras Públicas, María José Salvador, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, que hoy ha dado su conformidad a que el anteproyecto de ley continúe su tramitación y se someta a exposición pública.

Oltra ha resaltado que esta norma "mira al futuro" y permitirá que la Comunidad Valenciana sea "un referente" en materia de seguridad ferroviaria y no se vuelvan a repetir accidentes como el de Metrovalencia de 2006, en el que murieron 43 personas, con las que había una "deuda" que atender.

Otra novedad de la norma será la creación del certificado de seguridad, que las entidades ferroviarias, en este caso Ferrocarrils de la Generalitat, deberán obtener con carácter previo y necesario a prestar cualquier servicio ferroviario.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se comprometió cuando llegó al cargo a reparar "la falta de respuesta" de la Generalitat a las víctimas del accidente de metro. La elaboración del anteproyecto de ley de seguridad ferroviaria es parte del compromiso.

La vicepresidenta y portavoz del Consell,  Mónica Oltra, ha reiterado, a preguntas de los periodistas, que el actual Consell "estaba y está" en contra del cierre de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) pero ha subrayado sobre el juicio celebrado esta semana por el expediente de regulación de empleo (ERE) aprobado con motivo del cierre del ente público, que la Abogacía de la Generalitat ha hecho una defensa "técnica" de los argumentos de la ley que cerró porque "les guste o no políticamente" está en vigor.

Oltra ha desvinculado el papel de la Generalitat Valenciana en el juicio, donde la Abogación defendió la constitucionalidad de la ley autonómica que en 2013 permitió el cierre de RTVV alegando que la prestación de ese servicio público es únicamente competencia del Gobierno regional, de la posición política del Ejecutivo, contraria al cierre del canal público.

Según la vicepresidenta, la Abogacía de la Generalitat hace "un trabajo técnico, sin consignas ni intromisiones. "Es un cuerpo con independencia funcional", que hizo una "defensa técnica" que "no tiene nada que ver con la postura política de los miembros del Consell".