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BALANCE DEL GOBIERNO REGIONAL / POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

La ayuda a la dependencia aumenta pero no alcanza la media estatal

La oposición y expertos aseguran que en Madrid quedan 20.000 dependientes que no reciben todavía ayuda

Mayte Miguel y su hijo Iván, con síndrome de Pitt Hopkins, que espera una ayuda de dependencia.
Mayte Miguel y su hijo Iván, con síndrome de Pitt Hopkins, que espera una ayuda de dependencia.

Madrid alcanzó en noviembre la cifra récord de 108.282 dependientes. Sin embargo, expertos y oposición aún lo ven insuficiente. Denuncian que en la región 127.081 personas (el 75,08 % de los solicitantes) tienen derecho a una prestación, por lo que casi 20.000 beneficiarios no reciben ninguna ayuda. La oposición también critica la falta de voluntad para resolver la pobreza energética, con una partida de “solo” un millón de euros, pero se felicita por el aumento de la Renta Mínima de Inserción (RMI). En 2016, la cuantía se incrementó de los 375 a los 400 euros gracias a una enmienda a los presupuestos aprobada por unanimidad.

En 2016 el presupuesto de la Consejería de Políticas Sociales y Familia ascendió a 1.476 millones de euros, 6,6% más que en 2015. De ellos, 1.145 millones se dedicaron a ayuda a la dependencia, un 6% más que en 2015. “El hándicap es que el sistema en Madrid no alcanza la media estatal, pero el dato es positivo porque ha crecido en más de 10.000 beneficiarios en un año”, subraya José Manuel Ramírez, presidente del Observatorio Estatal de la Dependencia.

Raúl Camargo, diputado de Podemos, asegura que “las ayudas tardan más de un año en concretarse” y que muchos beneficiarios, “entre el 25 y el 30%”, muere sin recibirlas. Mayte Miguel vive en Torrejón de Ardoz. Solicitó en septiembre de 2015 la ayuda para su hijo Iván, de seis años, que padece el síndrome de Pitt Hopkins. En marzo de 2016 se le concedió el grado máximo, pero aún no ha recibido prestación alguna. Sigue en lista de espera. En Madrid, solo el 1,68% de la población se beneficia de las ayudas, según el Portal de dependencia. La media nacional alcanza el 1,84%. Los datos indican que en España no se asigna grado a uno de cada cinco solicitantes, uno de cada cuatro en Madrid. Ramírez del observatorio, sostiene que en esta región se aplican con mayor rigor los baremos, aunque la cifra responde también a otros factores: “La dependencia ha funcionado mal años, por lo que se deja de solicitar; el nivel de pensiones es muy alto; y la población está menos envejecida”.

“El baremo restrictivo que hace la Comunidad la convierte en la cuarta región con menos personas con grado reconocido, seis puntos por encima de la media”, afirma María José Navarro. La parlamentaria socialista indica que han exigido respuestas ante la situación de las listas de espera. El Gobierno subraya que el 84,52% de los beneficiarios son atendidos, “Catorce puntos por encima de la media nacional”. Para Ramírez el problema no es la lista de espera, sino la falta de solicitudes, que no retroalimentan el sistema.

Integrar a los niños autistas

Ciudadanos advierte de que no se ha abordado “la normalización de la atención social y educativa de los alumnos con TEA (Trastorno del Espectro Autista) ni tampoco con diversidad”, y Podemos avisa de que “la mayoría de los centros de menores siguen siendo concertados”. Para mejorar la conciliación familiar, la consejería explica que se han realizado campañas de sensibilización y se han firmado 51 convenios de colaboración para actuar contra la violencia de género y en pro de la igualdad de oportunidades.

Asuntos Sociales destaca que realizó 14.300 actuaciones del Programa LGTBi (Lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales), “el único que existe en España”, y que atendió a 54 víctimas de agresiones. Rubén López, de Arcópoli, recuerda que estas agresiones "han aumentado notablemente" y cifra en 232 las sufridas durante 2016 en la región. "La consejería ha comenzado a tomar medidas pero falta mucha sensibilización con los delitos de odio".

La región cerró el año con 416.659 desempleados. Muchos de ellos no reciben ninguna prestación. Para auxiliarles, la Comunidad diseñó unas ayudas económicas que entraron en vigor en 2002. Desde entonces, 59.053 familias han cobrado la llamada Renta Mínima de Inserción (RMI). Más del 50% de los beneficiarios dejaron de recibirla al mejorar su situación laboral. Sin embargo, este último año el número de perceptores ha repuntado un 11% hasta llegar a las 29.982 familias.

Crece la desigualdad

Raúl Camargo (Podemos) afirma que “cada vez hay más desigualdad. Se habían aprobado 120 millones para RMI en el presupuesto y la Comunidad ha tenido que aumentarlos hasta los 160 a final de año”. Eva López, secretaria de Políticas Sociales de UGT-Madrid, recalca que “aumentar la partida no es un logro, sino un fracaso”.

Camargo sostiene que el dinero que se destina a la RMI “no sirve para paliar la pobreza”. Su grupo, explica, ha solicitado que la prestación se equipare con el salario mínimo interprofesional, que este 2017 se establece en 707 euros. Lo mismo exigió la Plataforma RMI: Tu derecho antes de terminar el año. Alberto Reyero, parlamentario de Ciudadanos, destaca que una medida de su partido (votada por todos los grupos) “puso fin a la congelación que existía desde 2010” en la RMI. Ahora es de 400 euros y aumenta según el número de miembros de la familia hasta un tope de 655 euros. “A pesar del incremento, el importe es el cuarto más bajo de España”, lamenta Camargo.

Drama energético

“Hemos denunciado la falta de voluntad para resolver el problema de la pobreza energética. Es pura propaganda del Gobierno regional, que le dedica solo un millón de euros”, manifiesta María José Navarro, diputada del PSOE. Asuntos Sociales dice que es suficiente porque a 21 de diciembre se habían recibido 3.183 solicitudes (1.042 de gas y 2.141 de electricidad) para 2.430 familias (algunas pidieron ayuda para pagar electricidad y gas). Navarro también denuncia la “insuficiente” dotación de recursos humanos en las 25 residencias de gestión directa, así como la falta de personal, en especial la ausencia de un médico durante los fines de semana. La consejería asegura que en 2016 se realizaron más de 6.000 contrataciones: 1.670 fueron indefinidos, el resto “temporales necesarios para afrontar las necesidades coyunturales y sobrevenidas”. Eva López, de UGT, explica que “el problema es que venden las residencias concertadas como públicas”. “La Comunidad dedica gran parte del presupuesto a las 500 residencias privadas que existen, donde concierta plazas”, se queja Camargo, de Podemos. La consejería subraya que 4.806 ancianos han adquirido una plaza de atención residencial durante el año pasado.

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