Un choque entre Caballero y Feijóo bloquea el arranque de la única área metropolitana

Tras cinco años de tensas negociaciones entre la Xunta y el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, el pasado 1 de abril se aprobaba el proyecto de la primera área metropolitana de Galicia. Su constitución formal, ocho meses después, ha vuelto a enfrentar, sin embargo, a los alcaldes del PP y PSOE que representan a los 14 ayuntamientos que integran el ente supramunicipal y ha provocado un choque frontal entre Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), y la Xunta.

El incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Vigo de integrarse de forma efectiva en el plan de transporte metropolitano de la Xunta, como uno de los requisitos para la puesta en marcha del área, ha tenido una respuesta contundente por parte del Gobierno autonómico. La Xunta ha declarado ilegal la asamblea constituyente del pasado 1 de diciembre, e ilegítimo el nombramiento de Caballero como presidente.

La decisión de la Dirección Xeral de Administración Local de rechazar la inscripción del nuevo organismo en el Rexistro de Entidades Locais de Galicia ha tensado las relaciones entre la Xunta y el alcalde de Vigo. Caballero ha decidido ignorar el veto autonómico a la constitución formal del área y ha calificado de “pataleta” el dictamen en el que la Xunta alega que "no se dan los presupuestos legales imprescindibles" para aprobarla.

El regidor de Vigo ha anunciado este miércoles que celebrará el próximo 11 de enero otra junta de gobierno metropolitana, la segunda después de la del pasado jueves a la que no acudieron los seis alcaldes del PP de la comarca. Sí asistieron los otros ocho regidores del área, todos socialistas, y otros siete municipios interesados en sumarse al proyecto. En el encuentro se votó a favor del nombramiento de Abel Caballero como presidente.

El Gobierno gallego pone como condición para levantar el veto que se garantice la integración del transporte urbano de Vigo.El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha advertido este miércoles a Caballero de las "consecuencias jurídicas" de su proceder. "Allá el señor Caballero, y allá las consecuencias jurídicas de todo, cuando lo fácil es arreglar las cosas y cumplir los compromisos", ha proclamado el número dos del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

El Ayuntamiento de Vigo defiende que la constitución del área “es fehaciente y legal” al tiempo que tacha de "incomprensible que una resolución administrativa se arrogue la capacidad de actuar como juez inquisitorial con desprecio de los derechos de los ciudadanos e ignorando la ley". "La constitución del área Metropolitana es y continuará su andadura", afirman desde el gobierno local de Vigo, que culpa al presidente y vicepresidente de la Xunta de la situación: "Es una pataleta política de Feijóo y Rueda para intentar frenar el avance de Vigo", subrayan fuentes municipales, que advierten que el documento "carece del más mínimo rigor jurídico".

Caballero ha insistido públicamente esta semana en que el área “está legalmente constituida y operativa” y que, por tanto, su nombramiento como presidente se hizo efectivo con el aval del secretario y en contra de las pretensiones del alcalde de Salvaterra, el popular Arturo Grandal, que presidió, por edad, la mesa constituyente. Mientras la Xunta insiste en que el desbloqueo de la situación ha quedado solo en manos del alcalde de Vigo, Caballero ya ha anunciado que la junta de gobierno del área volverá a reunirse, está vez también con la ausencia de los regidores del PP.

Para el delegado territorial del Gobierno gallego, Ignacio López-Chaves, el deseo de la Xunta es que el Área Metropolitana funcione pero cree que “la espiral perniciosa de ilegalidades” en la que ha entrado Abel Caballero “no lleva a ninguna parte”. “Hemos aprobado una ley porque creemos en el área metropolitana pero esta hay que cumplirla y los requisitos legales para reconocerla no se respetaron”, subraya López-Chaves, “por eso la Xunta entiende que el área no se hará efectiva mientras Vigo no se integre en el plan de transporte autonómico y la elección de su presidente no será válida”.