Bustos afronta otros cuatro años de cárcel por exigir la retirada de multas

Manuel Bustos afronta una nueva petición de cárcel por el caso Mercurio. La fiscalía ha pedido cuatro años de prisión para el exalcalde socialista de Sabadell por presionar al jefe de la policía local para que retirara dos multas de tráfico a su familia. Bustos está acusado de tráfico de influencias, el mismo delito que ya le valió una condena firme (de un año y cuatro meses) por colocar a una exalto cargo del Gobierno tripartito en un puesto directivo del Ayuntamiento de Montcada i Reixac. La peor parte de la causa de las multas la lleva el mando policial, Josep Miquel Duran: la fiscalía le atribuye tráfico de influencias, pero también malversación y falsedad documental, y solicita una pena de seis años y medio, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La tarde del 28 de marzo de 2012, Montserrat Costa –mujer de Bustos y entonces jefa de Presidencia del Ayuntamiento de Sabadell- estacionó su Chrysler Cruiser en una parada de autobús. Un agente le impuso una multa de 200 euros. La grúa no llegó a llevarse el coche porque Costa apareció a tiempo para impedirlo. Tan solo ocho minutos después, el alcalde telefoneó al jefe de policía “con el único fin de conseguir la anulación de la multa”, relata la fiscal anticorrupción Teresa Duerto. “En un tono distendido, afable y amigable”, Bustos le explica el incidente, le pide que se ponga en contacto con su mujer y le indica incluso la forma de arreglarlo.

"Mañana os ponéis de acuerdo la Montse y tú para arreglar lo de los 200 euros", dice Bustos al mando policial

La fiscal no reproduce la conversación que, sin embargo, consta en el sumario. “200 euros de multa… O sea, tiene huevos. O sea mañana voy a hacer huelga [alude a la huelga general del 29 de marzo de ese año] y encima 200 euros (…) Ya mañana os ponéis de acuerdo la Montse y tú para arreglar lo de los 200 euros… Sí hombre sí, pero si eso cogen un papel y ya está, hombre”. Duran, que era su subordinado, le da la razón (“no se preocupe, eso lo arreglamos”) y alude al hecho de que el personal de la grúa “no es funcionariado”.

Al día siguiente, el mando llama al alcalde: “Lo que hemos puesto es que solicitamos anulación porque en la fotografía no se observa correctamente, ¿vale? Y ya está, la empresa lo anula y no sabe de quién es el coche”. El jefe de la policía incluso se jactó de que había gastado una broma a Montserrat Costa diciéndole que le llamaba desde el “servicio de reparación de errores”. El escrito señala que Duran “dio las órdenes e instrucciones necesarias para que la sanción de tráfico no prosperara”. Un sargento encargado de esos asuntos envió un correo a la agencia tributaria de Sabadell para indicarle que debía anular la sanción por “vicios probatorios”.

En su declaración, Bustos alegó que su mujer había aparcado frente a una guardería. Y que llamó a Duran únicamente para recordarle que no debían imponerse sanciones a la salida de los colegios".

La grúa, con dinero público

La segunda multa fue impuesta el 22 de junio de 2012 a un Opel Astra propiedad de la exmujer de Bustos y que en ese momento utilizaban sus hijos, Carlos y Alejandro. Los hijos dejaron el coche aparcado en una zona de carga y descarga. Cuando descubrieron que se lo había llevado la grúa al depósito municipal, llamaron a su padre. Bustos desplegó su poder: llamó a Duran, pero también al coordinador de espacio público del consistorio, Xavier Izquierdo (igualmente acusado) para que acudieran a la comisaría de policía a ayudar a sus hijos. Allí mantuvieron una reunión para que pudieran recuperar el vehículo de forma gratuita.

La solución que encontraron llevó a Duran a cometer otro delito. El jefe de policía abonó la tasa de retirada del vehículo (133 euros) “empleando para ello el dinero de titularidad pública” del que disponía el cuerpo y que estaba “en una caja de seguridad ubicada en su despacho”. Los hijos recuperaron el vehículo “en menos de media hora desde que hicieran la primera llamada a su padre”, reprocha la fiscal, que pide una pena de multa para Izquierdo (cargo de confianza de Bustos) por “no hacer nada” para evitar que Duran utilizara dinero público con esos fines.

Pero es que Duran fue más allá y, en su afán por agradar a Bustos, cometió un nuevo delito (el de falsedad documental). Para recuperar los 133 euros de la tasa, envió un informe a la agencia tributaria local en el que detalló una inexistente “urgencia médica” de los hijos de Bustos. La multa fue anulada, pero las consecuencias para el policía (que fue destituido hace año y medio) pueden ser letales: además de los seis años y medio de prisión, afronta una petición de diez años de inhabilitación para ejercer empleos públicos y otros dos de suspensión.

El caso de las multas es la pieza número 30 de las 38 que integran el caso Mercurio, lanzado hace más de cuatro años por la Fiscalía Anticorrupción y los Mossos d'Esquadra. De éstas, 17 (la mayoría, de escasa entidad) han sido archivadas, mientras que el resto siguen vivas. Bustos está involucrado en siete de esas causas penales por delitos de corrupción. Por ahora, ha evitado la cárcel pese a que la condena por el caso de Montcada i Reixac ha sido ratificada por el Tribunal Supremo.