El letrado del Parlament advierte del riesgo de ilegalidad del Presupuesto

El letrado del Parlamento de Cataluña ha advertido a los miembros de la Mesa, en la que tiene mayoría Junts pel Sí, que la reserva de una partida para organizar el referéndum de independencia prevista en el proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2017 puede ser inconstitucional. La advertencia del letrado figura en la edición de este miércoles del Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña (BOPC) que publica las 2.413 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios al proyecto que se debatirán en comisión.

Al finalizar el capítulo 1, referido a las enmiendas al texto articulado, el BOPC recoge la advertencia del letrado, en la que empieza recordando que el 16 de diciembre le fue notificada a la Mesa del Parlament el incidente de ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la declaración soberanista del 9 de noviembre de 2015. En el último año, en todos los autos del tribunal derivados de esa sentencia, se ha venido advirtiendo a la Cámara catalana de que deje de adoptar decisiones vinculadas al plan secesionista.

Ese último incidente de ejecución suspendía las resoluciones aprobadas por el Parlament el pasado 6 de octubre, pactadas por Junts pel Sí y la CUP y que preveían la celebración de un referéndum de independencia para, como muy tarde, la segunda quincena de septiembre de 2017.

El letrado considera que la disposición adicional 31 del proyecto de Presupuestos “puede tener una conexión y una línea de continuidad” con la resolución política anulada por el Constitucional, porque reserva 5,8 millones de euros para el referéndum.

Del mismo modo, el letrado recuerda a la Mesa del Parlament que el artículo 87.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional “impone a todos los poderes públicos la obligación de cumplir las resoluciones”, y por ello manifiesta “la necesidad de tener presente” esa advertencia en el debate y votación de las enmiendas al proyecto presupuestario.

El letrado señala asimismo que los diputados no pueden olvidar la sentencia que anuló la declaración del 9-N de 2015, ni otros dos autos dictados después a instancias de los incidentes de ejecución promovidos por el Gobierno: el que anuló la creación de la comisión de estudio del proceso constituyente el pasado 20 de enero y otro que anuló la resolución del pasado 27 de julio que ratificó las conclusiones de aquella comisión.

Días antes de que se adoptara ese acuerdo en julio, el Tribunal Constitucional ya advirtió de las consecuencias incluso penales que se derivarían, pero la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, no hizo caso y permitió la votación, por lo que la fiscalía se querelló contra ella por desobediencia y ahora está siendo investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El letrado recuerda que a todos esos antecedentes hay que sumar el nuevo incidente de ejecución de sentencia por los acuerdos del 6 de octubre, pendiente de resolver. La advertencia publicada en el BOPC finaliza constatando que la Mesa del Parlament ha desoído su advertencia. “Los miembros de la Mesa, conocedores de la advertencia, hacen constar que consideran que las resoluciones citadas del Tribunal Constitucional no son relevantes para la tramitación del presupuesto”, dice.