Inadmitida a trámite la demanda de Alcorcón contra el decreto de calidad del aire de Madrid

Alcorcón presentó la demanda el pasado 26 de marzo tras publicarse el protocolo de actuación por alta contaminación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). El alcalde de esta localidad, David Pérez (PP), basó su demanda en que no se podía ir contra un derecho fundamental como la libertad de circulación, recogida en la Constitución Española. De ahí, que los abogados plantearon varias alegaciones al decreto de Carmena. Entre ellas, la prohibición de aparcar en la zona del servicio de estacionamiento regulado (SER) en el escenario 3 y la prohibición de circulación en caso de que la contaminación fuera muy alta (escenario 4).

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El alcalde David Pérez mantuvo que podían ser “miles de ciudadanos” los que acudían a diario a la capital desde distintos puntos de la región, en especial desde la zona sur de la región. “No estoy dispuesto a que la alcaldesa de Madrid vulnere el derecho fundamental que tienen los ciudadanos para poder circular libremente por las carreteras madrileñas. El cierre de estos accesos generaría un problema serio y causaría el llamado efecto llamada, es decir, que la decisión de Manuela Carmena afectaría a las localidades limítrofes y sufriríamos consecuencias económicas, de sobrecarga de tráfico y colapso circulatorio, entre otras”, destacó entonces Pérez.

La magistrada recibió el escrito de demanda de Alcorcón el pasado 19 de octubre, tras lo cual pidió toda la documentación del decreto al Ayuntamiento de Madrid para ver si era competente para estudiar el caso. El abogado del Consistorio madrileño planteó como cuestión previa que el decreto, al ser una regulación interna, no tenía cabida en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 19, donde recayó el caso

La juez María del Mar Coque da la razón al equipo de Manuela Carmena, según el auto firmado el pasado martes 20 de diciembre, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Se basa para ello en el artículo 8.3 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), que solo permite conocer en esta primera instancia “los actos de la Administración periférica del Estado y de las Comunidades Autónomas y contra los actos de los organismos, entes, entidades y corporaciones de derecho público”.