Huelga en la plantilla del 112, 061 y Salud Responde “por un empleo digno”

Los trabajadores de los servicios telefónicos de emergencia de Andalucía del 061, 112 y Salud Responde han iniciado este sábado una huelga para exigir al Gobierno andaluz la "dignificación" de sus condiciones laborales. Los empleados reclaman que las empresas subcontratadas (Ilunion y Arvato Qualytel) por la Junta para prestar este servicio cumplan, al menos, un convenio de trabajo que no comparten. "Es un convenio de telemarketing cuando ni la cualificación es la misma ni las condiciones de trabajo, qué menos que lo respeten", denuncia el secretario general de CGT de Andalucía, Miguel Montenegro. Fuentes de la Consejería de Salud defienden que "la Junta de Andalucía siempre ha velado por las condiciones laborales de estos trabajadores".

La plantilla ha convocado paros en los días festivos de esta Navidad (24, 25 y 31 de diciembre y 1, 5 y 6 de enero). "Son fechas en las que la actividad es más elevada, hay más gente en la calle, puede haber más incidencias...", explica Montenegro, quien critica los "abusivos" servicios mínimos establecidos para estos días y que, en anteriores huelgas, así se ha corroborado en los tribunales. Según señala, se establece unos servicios mínimos que van desde el 90% en el 061 al 75% en Salud Responde. "Con estos parámetros, muy pocos trabajadores podrán ejercer su derecho a la huelga", ha criticado. Este conflicto laboral, como apunta Montenegro, se prolonga ya desde hace 21 meses con paros y concentraciones en las diferentes delegaciones provinciales. 

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Pero el conflicto no solo ha estado en la calle, también se ha colado en el Parlamento. La Cámara andaluza ha aprobado tres proposiciones no de ley (con el apoyo del PP, Podemos, Ciudadanos e IU) para exigir al Gobierno andaluz mejores condiciones laborales para esta plantilla y que el servicio pase a ser de gestión pública, a través de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. En los últimos meses, estos partidos, como los trabajadores, critican no solo que el Gobierno no haya asumido esta petición sino que, el pasado agosto, publicara en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la licitación de la gestión telefónica del servicio 061 por 19,5 millones euros anuales. "El coste de personal no alcanza los 6 millones anuales, mientras que la empresa se embolsará 13 millones de beneficios. ¿Esto es buena gestión económica?", critica Montenegro. "Esta concesión es un verdadero chollo, hay que tener en cuenta que la Junta asume los gastos de reparación de ordenadores, de mantenimiento de los edificios, de los materiales...", criticó el coordinador de IU, Antonio Maíllo, el pasado septiembre en el Parlamento en una pregunta formulada a la presidenta andaluza, Susana Díaz.

La asunción pública del servicio, según Salud, necesita de "un análisis más profundo ya que requeriría un aumento de la plantilla". "Y entre otras cosas, no existe posibilidad de acceso directo de los profesionales ya que para el acceso a la función pública es necesario dar cumplimiento a los requisitos ineludibles de publicidad, transparencia, mérito y capacidad", aclaran dichas fuentes. Ya la presidenta de la Junta, en su respuesta a Maíllo el pasado septiembre, resaltó que su Gobierno "ni ha privatizado ni privatizará" ningún servicio público. "No me pida que me salte la ley ni que engañe a los trabajadores. Usted sabe que para que pasen a lo público tienen que hacerlo a través de una oferta pública de empleo y competir en igualdad de condiciones que el resto de participantes", afirmó Díaz, quien señaló que esta plantilla está pagando "las consecuencias de una reforma laboral injusta".  "Hay trabajadores que, por ejemplo, trabajan de lunes a miércoles de siete a tres de la mañana, descansan un jueves, y trabajan de viernes a domingo de once de la noche a siete de la mañana por 1.050 euros brutos que no llegan a los 800 netos en nómina. ¿Esas son condiciones dignas?", expuso Maíllo. "Vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para que tengan mejores condiciones", añadió Díaz.

En este sentido, Salud señala que el Ejecutivo ha velado por las condiciones laborales de estos trabajadores "estableciendo cláusulas en los contratos que regulan la prestación de estos servicios, orientadas a la estabilidad laboral de los trabajadores [...]. Entre las mejoras que se vienen aplicando están la subrogación del 100% de la plantilla en los supuestos de cambios de empresas o los incrementos salariales con respecto al convenio colectivo del sector específico de ámbito estatal que regula las relaciones laborales".

Tanto IU como Podemos critican que el Gobierno andaluz mantenga la confianza en empresas que "acumulan distintas sentencias judiciales y sanciones de la Inspección de Trabajo". "La conflictividad laboral ha sido una constante tanto por la prevalencia de los intereses económicos propios de las empresas como por un insuficiente cumplimiento de la Junta en su obligación de velar por la legalidad en la ejecución de los contratos adjudicados", denuncia la líder de Podemos, Teresa Rodríguez. Este medio ha intentado sin éxito conocer la versión de las dos subcontratas.