Ojo con los trileros

Quizás el movimiento independentista catalán no lo sabe. O quizás sí. Pero, a mi juicio, su más grave error en la estrategia para separarse de España ha sido optar por un camino equivocado: el de la desobediencia a la ley. Por esta ruta, no lo logrará nunca.

Naturalmente, ha cometido otros errores. No es el menor plantear las últimas elecciones autonómicas con carácter plebiscitario y, al no ganarlas como tales plebiscitarias, en lugar de reconocer la derrota, seguir adelante cambiando de criterio: la mayoría de votos se convirtió en mayoría de escaños. Demostraron que eran trileros de la política, alguien en quiénes no se podía confiar. Aunque en el pecado han encontrado la penitencia: están ahora con la soga al cuello, medio ahogados por la CUP. Por ello buscan, y lo tendrán, el apoyo de Ada Colau y el partido que se está formando.

Pero volvamos a lo que nos ocupa, a la sistemática desobediencia a la ley como método para alcanzar la independencia, a este gran error. ¿Por qué gran error? Porque en la actualidad, por primera vez en la historia, la comunidad mundial de naciones empieza a estar regulada por normas de derecho internacional que más o menos se cumplen. Y en este caso concreto se cumplirán ya que los estados, todos los demás estados sin excepción, no dejarán que Cataluña sea un precedente de algo que desean evitar a toda costa en su propio territorio: la secesión de una de sus partes.

Frente a esta comunidad internacional el separatismo catalán tiene la batalla perdida de antemano, a pesar del cuantioso gasto invertido en propaganda. Y ahí viene el segundo por qué. ¿Por qué lo tiene perdido de antemano? En primer lugar, porque el derecho a decidir que se invoca para fundar un Estado nuevo no existe. El derecho internacional regula el derecho a la libre determinación (o autodeterminación, que es lo mismo) pero claramente no es de aplicación al supuesto catalán.

El término “derecho a decidir” se lo inventó el político vasco Juan María Ollora, a mediados de los noventa, precisamente para solventar este escollo jurídico y tratar de que fuera un derecho derivado del principio democrático. Sin embargo, ninguna norma, internacional o interna, lo ha reconocido. Incluso en países que podrían ofrecer dudas, como es el Canadá respecto al Quebec fue explícitamente rechazado por el Tribunal Supremo en una famosa resolución de 1998. Por tanto, Cataluña no invoca ningún derecho internacional.

En segundo lugar, menos aún se lo reconoce el derecho interno. Ninguna constitución —a excepción de la de Etiopía y la de un casi desconocido estado formado por dos islas del Caribe— lo reconoce porque, precisamente, el ejercicio del poder constituyente, cuyo producto es la constitución, no es otra cosa que el ejercicio del derecho de autodeterminación. Por tanto, nos autodeterminamos en 1978 y para modificar el texto aprobado entonces tenemos que seguir las reglas que éste prescribe. Más claramente: Cataluña sólo puede separarse de España mediante un reforma constitucional, aprobada por el pueblo español, que es el sujeto jurídico que aprobó la Constitución. Cualquier otra método es contrario a derecho.

Y, en tercer lugar, si en el improbable -—de hecho, inimaginable— supuesto de que el pueblo o las instituciones políticas de Cataluña declararan la independencia sin atenerse a derecho y, efectivamente, la Generalitat ejerciera el poder sin oposición interna alguna, al margen de la legalidad española, con dominio pleno sobre todo el territorio y toda la población, Cataluña se convertiría en un Estado de facto, jurídicamente sería un Estado, pero no tendría ningún reconocimiento internacional, es decir, quedaría aislado, sin relación con el resto de estados del mundo, ni con las organizaciones internacionales (ONU, OTAN, OMC), y, desde luego, excluido de la Unión Europea.

Nadie, por fundamentalista y fanático que sea, puede pretender este objetivo. Así pues, no creo que los actuales dirigentes nacionalistas, que no ignoran lo que he explicado, vean posible la independencia mediante una declaración unilateral o un referéndum ilegal. Quizás lo único que pretenden —y entonces no sería un error sino una estrategia para fines no confesados— es obtener más poder y más competencias, con la amenaza secesionista como chantaje.

Ojo, vicepresidenta del Gobierno, con lo que va a negociar en los próximos meses. Los trileros no son fiables pero son hábiles.

Francesc de Carreras es profesor de Derecho Constitucional.