El PSC pide a Puigdemont que no adopte más acuerdos ilegales

La ejecutiva del PSC ha aprobado este lunes una declaración en la que reclama al Gobierno de la Generalitat y a la mayoría independentista de Junts pel Sí y la CUP "que se abstengan de adoptar acuerdos contrarios a la legalidad vigente". Al mismo tiempo, el documento exige a Mariano Rajoy que acepte reformar la ley que regula el Tribunal Constitucional y que permite a los magistrados inhabilitar a cargos públicos en caso de que desobedezcan sus resoluciones

La reforma del Alto Tribunal fue aprobada con el único fin de combatir desde el aparato judicial la situación política catalana y ahora diversos grupos parlamentarios se han sumado a la iniciativa del PNV para que el Congreso vote su reforma. En esa línea, Miquel Iceta, primer secretario del PSC, ha anunciado que los socialistas votarán a favor de esa reforma.

El líder del PSC considera que esa reforma fue "un error que perjudicaba al propio Tribunal Constitucional, porque no preservaba su unanimidad y su papel, que no pasa por darle competencias sancionadoras". Iceta ha añadido que "al Constitucional no le corresponde decir siempre que no a Cataluña" y ha insistido en que la única vía posible es el diálogo, negociación y pacto entre ambos gobiernos.

Con este argumentario, la declaración aprobada hoy por el PSC reclama al presidente del Gobierno "que sepa calibrar hasta qué punto su actuación está contribuyendo a mejorar o empeorar la perspectiva de una negociación que ponga punto final a la actual ausencia de diálogo entre instituciones".

Iceta ha insistido en su mensaje de que la judicialización de la política catalana no es el camino apropiado, pero también abomina de las "vías unilaterales que están abocadas al fracaso y no llegan a ningún sitio". En este sentido, ha reiterado que el PSC no participará en la cumbre a favor del referéndum convocada por Carles Puigdemont para este viernes, "ni en ninguna otra reunión de este tipo, que son un gran error".

Los socialistas catalanes insisten en que la reforma constitucional es el camino apropiado para "transformar España en un Estado federal, que blinde los derechos sociales, que aumente la calidad de las democracia, que incorpore el compromiso europeo de España y que pueda servir como catalizador del pacto político que resuelva el encaje entre Cataluña y el resto de España".