Autopistas radiales y fotos del Rey

Un nuevo hito”, “la solución a los problemas de transporte en torno a Madrid” o una “apuesta clara que muchas generaciones de españoles tendrán que valorar y agradecer”. Las inauguraciones de las autopistas radiales de peaje básicamente en torno a Madrid, en su mayoría del consorcio compuesto por Abertis, ACS, Sacyr y Bankia, suscitaron una amplia muestra de vocabulario épico. Las expresiones que encabezan estas líneas fueron pronunciadas en plena efervescencia desarrollista por el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar; el ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, o el entonces alcalde de Madrid Alberto Ruíz Gallardón. Era tiempos en que no era cabal oponerse a esas vías que oxigenarían el corazón del gran Madrid. Apenas 10 años después de aquel Plan de Infraestructuras 2000-2007, el dinero público acudirá al rescate de las autopistas. La fiesta va a costar entre 4.000 y 8.000 millones de euros. La cláusula de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) obliga al Estado a asumir una infraestructura en caso de quiebra y a pagar a las concesionarias el importe de la inversión que aun no han recuperado. La RPA es el comodín contra el riesgo de bancos y concesionarias.

Que las radiales no funcionaban era un secreto a voces. Contra la evidencia, Ana Pastor, anterior ministra de Fomento de Rajoy, mostraba gran aplomo al asegurar que las autopistas, más allá del peaje, no iban a costar un euro al contribuyente. Esquizofrenia total, pues, entre relato y realidad, ya que en 2013, el tráfico había descendido en un 48% respecto a 2007 y , claro, no salían las cuentas, como sucedía en los planes quinquenales soviéticos. Hay otros precedentes recientes de ese auxilio social obligatorio a negocios privados ruinosos. Con la paralización del proyecto Castor, por medio millar de pequeños seísmos en la zona de Tarragona y Castellón, la Administración ya tuvo que pagar 1.350 millones de euros —pactados bajo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero— a Escal UGS, controlada por ACS.

O sea que en el círculo vicioso entre infraestructuras y dinero público parece que España continúa sumida en el siglo XIX, cuando el negocio consistía en hacer kilómetros de vías de ferrocarril para lograr subvenciones, aunque se tratase de un proyecto inútil. Tiempos aquellos del Marqués de Salamanca, ministro de Hacienda, en que se concedió un crédito para la compañía ferroviaria de la que él mismo era principal accionista. Las ayudas públicas supusieron el 50% del capital desembolsado en la época de gran fiebre ferroviaria española. Los síntomas se prolongaron con vaivenes hasta la dictadura del general Primo de Rivera. La II República supuso un punto de ruptura. El socialista Indalecio Prieto, ministro de Fomento, denunció en referencia a la no nata línea Santander-Mediterráneo su trazado “caprichoso” que “describía curvas innecesarias cuyo objetivo era aumentar el beneficio de las empresas concesionarias”.

El despropósito ferroviario y de infraestructuras en España forma parte de una historia que llega hasta hoy día. Trenes de alta velocidad vacíos —como sucedía con los convoyes que circulaban en el siglo XIX—, o trazados radiales o innecesarios, expresión de una concepción centralista del Estado cuando no declaradamente comisionista: en beneficio propio o para financiar partidos. La única enmienda pactada para los presupuestos de 2010 entre PP, PSOE y CiU fue la que concedía 250 millones de euros en créditos participativos a las concesionarias de las autopistas radiales.

Hay partidos con alma decimonónica, que campea en muchos otros ámbitos. Ahí está el Código Penal, según el cual quemar una foto del Rey supone una injuria grave y, como tal, puede ser castigada con penas de entre seis meses y dos años de cárcel. El artículo blinda a cualquiera de los integrantes de la Familia Real. Y la judicatura española y el Tribunal Constitucional abundan en esa línea.

Independientemente de lo reprobable o no que se considere la quema de fotografías del Rey, es un sinsentido que en pleno siglo XXI se prevean penas de cárcel para lo que no debiera estar tipificado como delito. Sostiene el catedrático de Derecho Penal Joan Queralt que el Rey es un símbolo del Estado y que cuando actúa no lo hace a título personal sino con el respaldo y autorización expresa del Gobierno. Por tanto, castigar la crítica al Monarca en cuanto a tal, ya que ningún poder autónomo tiene, sería nada menos que elevarlo a figura sagrada… Y eso nos devolvería, una vez más, al siglo XIX.