Las acusaciones piden que no se concedan permisos al supuesto pederasta

La sesión de hoy, la número 23 del juicio, se ha dedicado a los informes finales de una de las dos acusaciones particulares y de las dos acusaciones populares, ejercidas por las asociaciones Lasmi y Clara Campoamor.

La abogada de la niña china capturada el 17 de junio de 2014 delante de la tienda de sus padres en la calle de Luis Ruiz, en el barrio de Ascao, ha desmontado la posibilidad apuntada por el letrado del acusado de que las ruedas de reconocimiento estaban viciadas, al haberse filtrado la fotografía del detenido. Beatriz Cubero ha explicado que la menor estuvo bastante tiempo con su agresor por lo que no se le olvidó la cara y que jamás se le enseñó una imagen de Ortiz. Esta acusación pide 26 años de prisión y que se aumente las indemnizaciones porque su clienta va a tener que someterse a a pruebas de control y seguimiento hasta que tenga 13 años.

La más contundente ha sido la letrada de la asociación Clara Campoamor, María Ángeles López, que ha pedido que no se le concedan permisos penitenciarios ni reducción de la condena por el global de la pena y sí por cada uno de los delitos de los que se le acusa. De esta forma, se le impide que alcance el tercer grado o salidas durante los fines de semana. Estos periodos fuera de la cárcel son los que este tipo de delincuentes aprovechan para seguir cometiendo delitos, según la letrada. Esta solicita una pena similar a la fiscal para Ortiz: 78,5 años de cárcel.

La letrada del colectivo Lasmi, Inmaculada Jiménez, ha pedido el delito de lesiones graves para las cuatro víctimas del supuesto pederasta, ya que las menores no sufren, en su opinión, lesiones físicas sino también psicológicas. Al igual que la acusación particular de la segunda víctima de Ortiz, pide los delitos de homicidio en grado de tentativa para la segunda y tercera niñas presuntamente agredidas por el acusado. Jiménez pide 115 años de prisión, ya que además suma la agravante de trato vejatorio y degradante. Según su relato, existen pruebas suficientes para incriminarle absolutamente.

El juicio terminará previsiblemente mañana con el informe final del abogado defensor de Ortiz, Cristóbal Sitjar, que ha pedido durante todo el juicio que se anule el proceso porque las pruebas estaban viciadas y se recogieron sin las prescripciones que recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Entre ellas, está que el acusado y la secretaria judicial (actual letrada de la administración de justicia) no estuvieron presentes en los registros que hizo la Policía Científica en el domicilio de la calle de Santa Virgilia.

El acusado tiene el derecho a pronunciar la última palabra, antes de que el juicio quede visto para sentencia. Durante todo el proceso ha mantenido silencio y no ha declarado en ningún momento, por lo que hay gran expectación sobre si pronunciará alguna palabra en su defensa.