Las deducciones fiscales cuestan a la Generalitat 1.202,3 millones

En la recaudación de impuestos de 2016, la Generalitat ha dejado de ingresar 1.202,3 millones de euros solo en deducciones fiscales. Esta cifra ha servido este miércoles de marco para el debate organizado por el sindicato UGT, que ha reunido a representantes de los partidos políticos catalanes para proponerles la eliminación de los beneficios fiscales, y una mayor redistribución de la riqueza con la modificación de los tributos. Entre los cambios planteados, que se refieren solo a las competencias de la Generalitat, el sindicato destaca la modificación al alza del impuesto de Sucesiones y la ampliación de tramos del IRPF para hacerlo más progresivo.

Los 1.202,3 millones que la Generalitat ha dejado de ingresar responden en su mayor parte, según los datos aportados por UGT y explicados por el economista Xavier Martínez, a tres impuestos concretos y a los beneficios que se desprenden de la normativa catalana. Si se tienen en cuenta también las bonificaciones del Estado, la pérdida aumenta hasta unos 10.000 millones de euros.El grueso de las deducciones, 979,1 millones de euros, corresponde al impuesto de Sucesiones y Donaciones, un tributo cedido a la Generalitat que, tras una casi eliminación en el primer Gobierno de Artur Mas, en 2014 volvió a recaudar al nivel de 2010. El sindicato considera que todavía es insuficiente (en 2016 se estima que sea de 523,2 millones), y pide volver a la legislación anterior a la reforma de 2008, cuando se recaudaron 1.004 millones de euros.

En el impuesto de Transmisiones Patrimoniales, las bonificaciones suman 88,9 millones, y en el del IRPF, las deducciones alcanzan los 74,6 millones, entre las que destacan las reducciones por inversión o por alquiler en la vivienda habitual, o beneficios para la viudedad. El resto corresponde a deducciones en impuestos sobre inversión en viviendas, hidrocarburos o grandes establecimientos comerciales.

Aunque algunos de los beneficios fiscales responden a razones sociales, el economista ha considerado sin embargo que "la inversión social no debe hacerse por deducción en los impuestos", porque excluye a todas las personas que no hacen la declaración de la renta al tener ingresos por debajo de los 20.000 euros. Por tanto, según Martínez, los beneficios fiscales favorecen sobre todo a las clases altas y aportan regresividad al sistema fiscal, suficientemente castigado por la economía sumergida, cuyo volumen se estima en un 20% del PIB.

La otra propuesta de gran calado es la reforma del IRPF: aumentar los tramos de seis a nueve, rebajar el primero y su tributación, e incrementar los tipos máximos de los dos tramos superiores. El 66,94% de los contribuyentes tienen una base liquidable de hasta 21.000 euros, mientras que solo el 3,14% presenta una liquidación de más de 60.000 euros, por los que pagan entre un 21,5% y un 25,5%, la parte catalana impuesto de IRPF. En la jornada, Martínez ha denunciado asimismo que el IRPF que se paga por los ingresos surgidos del trabajo es mucho más alto (48%) que el de la riqueza que surge del capital o de los ahorros (23%).

Aunque han intercambiado reproches sobre las propuestas en el Parlament, los representantes políticos han coincidido en la necesidad de hacer más progresivo el impuesto. En el debate han participado Roger Torrent (JxSí), Alícia Romero (PSC), Joan Coscubiela (CSQEP), Santi Rodríguez (PP) y Eulàlia Reguant (CUP), moderados por Xavier Casanovas, miembro de la Plataforma por una Fiscalidad Justa, Ambiental y Solidaria.