Oltra anuncia una renta valenciana de inclusión accesible e indefinida
La ayuda se podrá solicitar a partir de los 18 años y con solo 12 meses empadronado
El Gobierno valenciano, surgido del Acord del Botànic, tiene lista su nueva ley de renta valenciana de inclusión porque la de 2008, aprobada por el PP, es insuficiente, restrictiva, limitada y burocratizada. La vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha anunciado que la futura ley será más accesible: la edad de los beneficiarios se reduce de 25 a 18 años y el periodo mínimo de empadronamiento para solicitarse se rebaja de 24 a 12 meses. La ayuda no deberá renovarse cada seis meses, como ahora, y será indefinida mientras no cambie la situación económica y social de la persona o familia.
Estas son algunas de las novedades del borrador del anteproyecto de la nueva ley de renta de inclusión, que sale hoy a exposición pública y que ha sido presentada en rueda de prensa por la vicepresidenta del Consell.
La consejería que dirige Oltra ha apostado por aligerar la tarea de los ayuntamientos valencianos, única puerta de acceso a las prestación. Los servicios sociales municipales de base se dedicarán exclusivamente a evaluar a los solicitantes y a acompañarlos en los itinerarios de inserción previstos; y los técnicos de la Generalitat se encargarán del papeleo.
"Queremos que la renta sea el único instrumento contra el empobrecimiento. Será indefinida [hasta que varíe la situación del solicitante], no harán falta renovaciones; y tampoco será necesario peregrinar de ventanilla en ventanilla para acceder a otro tipo de apoyos. Ser titular de una renta de inclusión permitirá, por ejemplo si hay niños, disponer también de una beca de comedor o de transporte escolar", ha comentado la vicepresidenta, que ha comparecido para presentar el anteproyecto de ley junto al delegado del Consell para el Modelo Social Valenciano, Xavier Uceda.
Los servicios sociales municipales evaluarán los casos y la Generalitat se encargará del papeleo
El objetivo de esta iniciativa es acabar con un modelo de renta "no garantizada" de ciudadanía, caracterizado por ser restrictiva en el acceso, insuficiente en la cuantía, limitada en el tiempo y burocratizada, y sustituirlo por uno más accesible, más cercano y que facilite la vida de las personas.
La nueva renta de inclusión podrá ser de dos tipos: una renta complementaria del trabajo o de las prestaciones inferiores al 80% del salario mínimo interprofesional, para personas que tienen empleo pero sus salarios no les permite abandonar la situación de pobreza, y la renta de inclusión social, que incluirá a su vez dos modalidades.
La cuantía no es fija pero sí parte de unos mínimos. Cuando se trate de un titular el importe ascenderá a 532 euros frente a los 385 actuales, mientras que en los casos en que el solicitante renuncie voluntariamente a hacer un itinerario de inserción el importe se reducirá a los 266 euros -son para personas con difícil reinserción-.
Uceda ha explicado que, una vez la ley entre en vigor, la idea es que la solicitud se resuelva en tres meses, aunque también se ha previsto el silencio administrativo positivo. La Generalitat permitirá más de un titular de la ayuda aunque ocupen el mismo domicilio: "Hay muchas personas que han acogido en sus casas a familiares en situación de empobrecimiento", ha agregado Oltra.
El Consell se encontró en 2015 con una lista de espera que llegó a las 20.000 personas
Alarma social
El nuevo Consell se encontró nada más llegar una situación que Oltra ha descrito de "alarma social", con una tasa de paro superior al 20% -un 42% entre los jóvenes-, y con una lista de espera para la tramitación de la renta que llegó en algún momento a las 20.000 personas y dos años de retrasos.
La Generalitat puso en marcha un plan de choque que elevó el presupuesto inicial de 2015 de 29 millones de euros a 32,4 millones, unos 3,5 millones de euros más. Para 2016 se presupuestaron 39 millones de euros, se ha aumentado en 1,5 millones, y hay solicitada otra ampliación de crédito de 3,8 millones para cubrir las solicitudes. El crédito será ampliable.
Oltra ha puesto de ejemplo la renta de inclusión del Gobierno de Navarra, una comunidad autónoma que solo 700.000 habitantes aproximadamente, destina 63,8 millones de euros al programa social. "Es una inversión social que tiene un retorno de 64 millones de euros porque se genera consumo y unos 800 empleos más por las necesidades de gestionar las ayudas", ha dicho la vicepresidenta.
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