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El soberanismo se moviliza contra el 6-D sin desafiar al Gobierno central

Solo dos municipios gobernados por la CUP, de los 350 que participan en la movilización, permiten trabajar a funcionarios

La alcaldesa Dolors Sabaté accede ayer al Ayuntamiento.
La alcaldesa Dolors Sabaté accede ayer al Ayuntamiento.

La protesta contra la Constitución promovida por la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) logró ayer sumar a los concejales de 350 municipios catalanes, que mantuvieron una agenda de actividades y evitaron celebrar el 6-D. Tanto los partidos independentistas como el Gobierno central evitaron elevar la tensión, como sí ocurrió el Día de la Hispanidad en Badalona. Solo municipios controlados por la CUP traspasaron la línea roja que había marcado la Delegación del Gobierno para denunciar a los ayuntamientos y algunos funcionarios rechazaron el día festivo y fueron a su puesto de trabajo.

Celrà (Gironès) y Viladamat (Alt Empordà) fueron los dos municipios gobernados por los anticapitalistas donde los funcionarios que lo demandaron pudieron trabajar. Al Consistorio del primero acudieron cuatro empleados públicos y al del segundo, uno. El alcalde de Celrà, Dani Cornellà, aseguró que si no asistieron más trabajadores fue por el “temor” que despertaban las posibles denuncias del Gobierno tras el antecedente de Badalona del pasado 12 de octubre.

A Celrà acudió Carme Forcadell, la presidenta del Parlament y máximo cargo institucional catalán que participó en actos vinculados a la AMI. Llamó a defender “las libertades individuales y colectivas” en un acto significativo: el cambio de nombre de la plaza de la Constitución del municipio gerundense, que desde ayer toma el nombre de la escritora Maria Mercè Marçal.

Celrà abrió las puertas de su Ayuntamiento por quinto año consecutivo y lo hizo con empleados públicos, con lo que obvió la advertencia llegada de la Delegación del Gobierno de Cataluña. Su titular, Enric Millo, volvió a pedir ayer “responsabilidad” a los cargos electos, pero el discurso mantenido durante la jornada constataba no tener intención de provocar nuevas tensiones. Y tal y como transcurrió la jornada, el grueso de los ediles del Partit Demòcrata, de Esquerra y de Demòcrates de Catalunya, tampoco.

Vilanova i la Geltrú (Garraf) fue un ejemplo de lo que ocurrió en muchos municipios. Sus ediles del PDECat, ERC y la CUP (copan 15 de los 25 miembros del pleno) decidieron seguir a rajatabla las recomendaciones de la AMI: trabajo de los cargos electos (hasta las dos de la tarde), día festivo para los funcionarios y, como recepcionista del Ayuntamiento, la empleada de una contrata. No en vano la alcaldesa de la capital del Garraf es Neus Lloveras, presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia.

Lloveras ya predecía al mediodía que era “muy poco probable que haya funcionarios trabajando” y negó que la campaña de la AMI se pueda entender como “una provocación”. Incluso la reivindicó como un “un acto totalmente legal”. En otros municipios, algunos ediles abrieron las puertas y atendieron a los ciduadanos. Pero en la mayoría de los casos se limitaron a mantener reuniones internas y participaron en actividades en el exterior. Desde el mantenimiento de mobiliario organizado en Caldes de Montbui a la recolección de bombillas contra la pobreza energética en Valls.

El referente del 12-O

En Badalona, cuatro de los cinco concejales del equipo de gobierno de Badalona en Comú participaron por la mañana en una reunión sobre participación ciudadana en el Ayuntamiento, que, sin embargo, mantuvo las puertas cerradas tanto en su edificio histórico como el de El Viver. El quinto edil no asistió a la cita por estar fuera de la ciudad. La alcaldesa Dolors Sabater, que sí asistió, subrayó que la estrategia de Millo supone una “desautorización” y una “rectificación” respecto a la actitud de la exdelegada Llanos De Luna, que impulsó un contencioso-administrativo contra el Consistorio por haber llegado a un acuerdo con varios sindicatos para trabajar el 12 de Octubre, día de la Hispanidad.

”De Luna y Albiol criminalizaron s los electos que fueron al Ayuntamiento evidenciando una posición de ultraderecha”, dijo Sabater. Además del contencioso, cuatro de los ediles tienen una causa abierta por desobediencia por haber incumplido la suspensión cautelar del juez que les impedía abrir el Consistorio. Sabater constató dos temas “tabúes” que se deberían superar: no criminalizar el hecho de que se trabaje un día festivo y cuestionar la Constitución, nacida, dijo, bajo la vigilancia de la dictadura.

José Téllez, el edil que rasgó el auto de suspensión, respetó la decisión de otros consistorios gobernados por la CUP de abrir sus puertas pero señaló que el de Badalona es un Ayuntamiento grande y no puede improvisar como en un pueblo pequeño. “El 12-O queríamos abrir de verdad y no de manera altruista. Queríamos cambiar un día festivo del calendario”, aseguró Téllez. En Barcelona, dos ediles de ERC acudieron al Ayuntamiento a las once y media, así como los tres de la CUP. El número dos en el Gobierno municipal, Gerardo Pisarello, también estuvo trabajando por la mañana.

Mientras, los partidos constitucionalistas, salvo el caso de Rubí, reflejaron una vez más su dificultad para ofrecer una acción unitaria frente a la consistencia del proceso secesionista. La jornada cristalizó la fragmentación que, en mayor o menor día, se produce año tras año tanto el 12 de Octubre como el 6-D. El PP repartió ejemplares de la Carta Magna en Barcelona; Inés Arrimadas, de Ciudadanos, asistió a paella popular en L’Hospitalet; Societat Civil organizó una fiesta infantil en Badalona y 400 personas, convocadas por Espanya i Catalans, se manifestaron en Barcelona. El PSC no convocó actos.

El presidente del grupo de Junts pel Sí, Jordi Turull, abrió la puerta a avanzar el referéndum si Forcadell es inhabilitada antes de septiembre. En declaraciones a Catalunya Ràdio, Turull corrigió a Marta Pascal, coordinadora de su propio partido, el PDECAT, que reprochó a ERC que abriese la puerta a avanzar la consulta por generar “dudas” sobre la fecha. Turull apuntó que si Forcadell es inhabilitada se “tomarán decisiones” porque significaría un “atentado contra la democracia” y “habría un antes y un después”. “No hemos de descartar escenarios, no haremos como si lloviera”, afirmó.