El Valle de Arán también quiere sus ‘estructuras de Estado’

Convergencia Democrática Aranesa-Partido Nacionalista Aranés (CDA-PNA) replica la estrategia del independentismo catalán de construir sus estructuras de Estado. El Conselh Generau d’Aran, el gobierno territorial del Valle de Arán, sorprendió este noviembre presentando MeteoAran, un servicio metereológico propio. El Conselh, gobernado por CDA-PNA, justificó la creación de MeteoAran a partir de la nueva Ley de Régimen Especial del Arán, aprobada en 2015, que concede al Arán muchas competencias de la Generalitat. El Departamento de Gobernación confirma que la Generalitat está negociando con el Conselh “convenios o traspaso de competencias” en gestión de parques naturales, sector aeronáutico, programas de fauna salvaje, urbanismo y federaciones deportivas propias.

Con una población de 10.000 habitantes, el Valle de Arán goza desde el siglo XIV de una autonomía ininterrumpida —con la excepción de las dictaduras de Primo de Rivera y Franco—. El gobierno aranés gestiona servicios públicos cedidos por la Generalitat, como la red sanitaria, bomberos, agentes forestales, promoción turística, transporte público, helipuertos o la prevención de aludes. La Generalitat concede anualmente al Conselh el presupuesto para asumir estas responsabilidades. El 97% del presupuesto del Conselh —22 millones de euros en 2016— procede de la Generalitat. El Síndico de Arán, Carlos Barrera, quiere que el Valle de Arán alcance “la máxima capacidad de autogobierno y que en el futuro inmediato controle “las competencias más estratégicas” para sus ciudadanos. Barrera asegura que el 75% de las competencias podrían cederse al Conselh sin que supusiera ningún gasto añadido a la Generalitat. Barrera confirma que las dotaciones se han de ir revisando, como es el caso de las mejoras que se están negociando en la partida para el Hospital de Viella o para las plazas de residencias de la tercera edad.

El Síndico aranés explica que las negociaciones más avanzadas son las referentes a la cesión del programa de reintroducción del oso —el Conselh es muy crítico con la gestión que se hace de este por parte de la Generalitat—, las competencias para delimitar espacios naturales protegidos y en urbanismo. “Queremos ser soberanos en el aprovechamiento y conservación de nuestras montañas. No queremos convertirnos en un pesebre de lo que quieren en Barcelona”, dice el secretario general de CDA-PNA, Àlex Moga. Para Moga también es prioritario, para salvar la lengua aranesa, que la Generalitat ceda al Conselh la gestión de la delegación en Viella de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales para convertirlo en la televisión y radio del gobierno aranés.

Barrera es muy crítico con lo que él considera “un gran desconocimiento de las necesidades del Aran por parte de los Departamentos de la Generalitat. No son conscientes de la existencia de la Ley de Arán y de su contenido”. “El problema”, añade Barrera, “es que nosotros vamos a una velocidad y los departamentos de la Generalitat, a otra”. El Síndic denuncia que la Generalitat no está teniendo en cuenta al Conselh en la elaboración de los presupuestos de 2017. La Ley de Arán reconoce al Conselh plena capacidad para adaptar la legislación catalana a la realidad del Arán; Barrera apunta que desde 2012, la financiación que destina la Generalitat al gobierno aranés no contempla una partida para el asesoramiento jurídico “para acciones de autogobierno” que servirían para adaptar las leyes catalanas al Arán.

El líder de la oposición aranesa, el socialista Paco Boya, valora que es absurdo plantearse nuevas competencias mientras el Conselh no tenga autonomía financiera. La Ley de Arán establece que a partir de 2018, el Conselh y las instituciones catalanas negociarán un nuevo sistema de financiación, con la posibilidad de que el gobierno aranés asuma parte de la recaudación de su territorio. Boya también alerta de que no se ha cumplido el compromiso del Conselh de ratificar la Ley aranesa con un referéndum. Barrera descarta por primera vez la consulta y propone sustituirla por un proceso participativo que pregunte a los araneses qué modificarían de la ley y qué consideran prioritario en el autogobierno.

Impuestos propios

La Ley de Arán reconoce muchas competencias que el Conselh puede asumir: la creación de un cuerpo de policía medioambiental, un ente de construcción de vivienda pública, un Observatorio Socioeconómico o la figura del Defensor del Pueblo, entre otras. La Ley de Arán también otorga al Conselh la capacidad de crear tributos propios.

CDA-PNA y la oposición de UA-PSA coinciden que no es el momento de plantear esta opción pero también comparten que en el futuro se podría desarrollar. Boya cree que se podría idear un impuesto sobre la venta de alcohol y tabaco —un negocio importante por la proximidad del mercado francés— o sobre el uso de recursos naturales. Moga considera que el Arán podría gestionar el tramo local de la tasa turística o su canon digital. Barrera resalta que la creación e impuestos no debería gravar a los araneses “porque sería injusto con el déficit de financiación que sufrimos por parte de la Generalitat”.