Seis alcaldes piden que el Parlament fuerce a los bancos a regular la ocupación de pisos

Comienza el trámite parlamentario de la futura Ley de Vivienda de Cataluña y los alcaldes de las seis principales ciudades, con Barcelona al frente, han lanzado un clamor unánime a los grupos políticos para que tengan en cuenta la voz de los Ayuntamientos, que afrontan solos las consecuencias de la emergencia habitacional. Con la suspensión de la ley 24/2015, la ley catalana antidesahucios, por parte del Tribunal Constitucional, los alcaldes se han quedado sin las herramientas que tenían para evitarlos.

Los alcaldes reclaman "ambición" a la ley, responsabilidad a los grandes tenedores (las entidades, la Sareb y grandes inmobiliarias) y obligaciones concretas: que regularicen a las miles de familias sin recursos que ocupan pisos de bancos o inmobiliarias o que, en caso de desahucio, tengan que realojar a las familias en situación vulnerable (como fijaba la ley suspendida), y que no puedan fijar alquileres abusivos. Además, piden más dotación de la prevista en el presupuesto de la Generalitat presentado esta semana, solo 14 millones de euros.

"Pedimos a los grupos que escuchen a los Ayuntamientos y aprovechen para ir al máximo y no al mínimo", en la responsabilidad de los grandes tenedores y los alquileres abusivos, ha dicho la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. "Estamos al límite", ha afirmado la de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón. En Barcelona, el ejecutivo de Colau ya contempla la regulación de ocupaciones de pisos públicos o cedidos por los bancos y la Sareb si se trata de familias vulnerables que no tiene otra opción. También la Generalitat ha regulado la situación de familias que viven en bloques de la Sareb.

La reunión ha sido impulsada por Colau, y ha congregado a sus homónimos de L'Hospitalet, Badalona, Santa Coloma, Terrassa y Sabadell. Juntas suman 2,6 millones de habitantes, un tercio de la población catalana. Los alcaldes han recordado que la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la ley 24/2015 les ha dejado sin la herramienta que permitía, entre otras cuestiones, obligar a los grandes propietarios a facilitar el realojo alternativo a las familias desahuciadas.

La alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín ha afirmado que los ayuntamientos "se han sentido muy solos ante las consecuencias de la crisis, y cuando teníamos un instrumento útil el PP lo impugnó y el constitucional lo suspendió". Dolors Sabater, de Badalona, ha lamentado que las ciudades se ven "impotentes ante un derecho tan importante mientras los grandes beneficiados de la crisis, que fueron rescatados con dinero público, tienen grandes beneficios que no revierten en el bien común".

Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, se ha referido explícitamente a las ocupaciones: "Primero las familias fueron excluidas, después toleraron las ocupaciones pero no quieren hacer contratos de alquiler". Su homónimo de Sabadell, Juli Fernández, ha resaltado que las consecuencias de la impugnación de la ley las están viviendo "personas, familias"; mientras que Núria Parlón, de Santa Coloma, ha calificado de "muy difícil" la interlocución con grandes tenedores como la Sareb.